Diversos gremios de la salud sostuvieron que la Corporación Municipal de Viña del Mar habría llevado a cabo la eliminación de documentos esenciales para sustentar la estructura salarial histórica del sector. Desde el Colegio Médico de Valparaíso acusaron que dicha destrucción aparente se habría concretado mediante una resolución interna firmada por Camila Brito —gerenta de la corporación y hermana del diputado Jorge Brito— en mayo de este año.

En el marco del proceso judicial que se desarrolla en la Corte de Apelaciones de Valparaíso por la disminución de la escala salarial de los funcionarios de salud de Viña del Mar, gremios y representantes del sector denunciaron que Camila Brito -gerenta de la Corporación Municipal y hermana del diputado frenteamplista, Jorge Brito- habría ordenado la destrucción de documentos oficiales de 1996.

Según los denunciantes, estos antecedentes contenían la escala y la tabla histórica de remuneraciones, información clave para definir los sueldos del personal de salud.

Tras la eliminación de esos documentos-señalaron- la administración municipal elaboró una nueva tabla de asignaciones que fue presentada al Concejo Municipal.

¿Qué implicaría esto? La rebaja significativa de ingresos para médicos, enfermeras y otros profesionales, las que se habrían construido sobre antecedentes incompletos o erróneos.

En esta línea, el abogado de los funcionarios, Tomás Palacios, indicó que el Concejo habría rebajado las remuneraciones de los trabajadores basándose en información falsa.

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De acuerdo con la defensa gremial ante la Corte, la escala salarial sí existía y había sido aprobada en 1996, siendo reajustada en múltiples ocasiones, incluso en 2022 y 2023.

En conversación con Radio Bío Bío, el presidente del Colegio Médico de Valparaíso, Luis Ignacio de la Torre, aseguró que la eliminación se realizó mediante una resolución de gerencia del 9 de mayo de este año.

En su respuesta de la semana pasada, el municipio declaró que expuso ante el tribunal que durante más de 25 años habrían existido negociaciones irregulares que generaron sueldos desproporcionados, incluso de hasta $14 millones, afectando recursos destinados a la salud primaria.

Sin embargo, al ser consultados por esta presunta destrucción de escritos, la casa consistorial se limitó a enviar el comunicado previo.

Así las cosas, por ahora resta esperar la resolución de la Corte de Apelaciones, con este recurso presentado por el gremio que se encuentra actualmente en estudio, contando con un plazo de 15 días para que se dicte una sentencia.