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El desalojo de la megatoma en el Cerro Centinela de San Antonio, Valparaíso, está en suspenso a la espera de la fecha concreta de ejecución por parte de los propietarios del terreno. La Inmobiliaria San Antonio S.A. solicitó el cumplimiento, pero no ha respondido a consultas. Desde la toma, se mantienen tranquilos y confiados, organizados y en conversaciones con el Ministerio de Vivienda. El ministro Carlos Montes llamó a buscar alternativas, recordando que el terreno estuvo desocupado por 27 años.
El desalojo de la megatoma ubicada en el Cerro Centinela de San Antonio, en la región de Valparaíso, continúa en suspenso a la espera de que los propietarios del terreno definan una fecha concreta para su ejecución. Por su parte, las familias dicen confiar en el Minvu.
La solicitud de cumplimiento fue presentada por Diego Pereira, abogado de la Inmobiliaria San Antonio S.A., empresa que representa a los dueños del predio. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, el profesional no respondió a las consultas realizadas por La Radio.
En paralelo, desde la toma aseguraron que se mantienen tranquilos y confiados. Así lo señaló Mario Reyes, presidente de la Federación de Cooperativas Cerro Centinela, quien indicó que, la comunidad sigue organizada, esperando que den frutos las conversaciones que han tenido con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
“Nos reunimos siempre como pobladores, también nos reunimos con autoridades del Ministerio de Vivienda o con la misma delegada del ministro Montes (…) con respecto al desalojo, estamos atentos a lo que respondió la corte”, detalló.
En esa misma línea, el ministro Carlos Montes planteó en una entrevista emitida por el programa Estado Nacional de TVN que, si bien desde la política se debe cumplir la ley, también se buscan alternativas.
En ese contexto, hizo un llamado a los propietarios del terreno a aclarar sus intenciones, recordando que el sitio permaneció desocupado por cerca de 27 años.
La resolución de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, dictada hace algunas semanas, instruyó que el desalojo (en caso de concretarse), deberá ser coordinado por el municipio de San Antonio en conjunto con los ministerios del Interior, Vivienda, Bienes Nacionales y Desarrollo Social. Esto, con el objetivo de habilitar de forma transitoria un recinto con condiciones adecuadas para albergar a las cerca de 10 mil personas que residen en el lugar
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