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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La Fiscalía pidió no seguir con la investigación contra Julio Leigh, exdirector de Obras de Concón, acusado de cohecho por aprobar una obra sin Estudio de Impacto Ambiental de Reconso. La denuncia surgió en 2020 por falta de servicio al no invalidar un permiso de obras. Leigh reveló que el gerente de Reconso intentó sobornarlo en 2022. Duna Viva presentó una querella por cohecho y soborno, apuntando también al exalcalde, exconcejales y gerente de Reconso. A pesar de diligencias pendientes, el fiscal solicitó no perseverar, lo que no implica inocencia.

La Fiscalía solicitó no perseverar en la investigación en contra del exdirector de Obras Municipales de Concón, Julio Leigh, acusado de los delitos de cohecho y soborno por presuntamente haber autorizado una obra de la empresa Reconso, pese a no contar con Estudio de Impacto Ambiental.

La indagatoria se originó por la querella presentada en 2020 por la organización Duna Viva por falta de servicio al no invalidar un permiso de obras del proyecto Montemar VI. Dos años más tarde, en 2022, el propio Leigh declaró que el gerente general de Reconsa, Juan Ignacio Soza, lo intentó sobornar cuando era director de Obras Municipales de Concón.

Por ello, el abogado de Duna Viva, Gabriel Muñoz, presentó una querella por cohecho y soborno. En esa acción legal también buscaba determinar la responsabilidad del exalcalde de Concón, Óscar Sumonte, de exconcejales de la comuna y del gerente general de Reconsa.

No obstante, esta causa podría terminar debido a la solicitud de no perseverar que presentó el fiscal Cristián Andrade.

Gabriel Muñoz, abogado del Movimiento Duna Viva, en conversación con Radio Bío Bío criticó esta decisión, sobre todo porque todavía hay diligencias pendientes y esenciales para esclarecer este caso.

La solicitud del Ministerio Público de no perseverar no necesariamente equivale a la inocencia del acusado, sino que hace referencia a la carencia de evidencia para sustentar el proceso, explicó la abogada de la Universidad de Las Américas, María Lorena Rossell.

La no realización de las diligencias pendientes es lo que más molesta a la organización Duna Viva, ya que de encontrarse evidencia inculpatoria en estos peritajes no realizados, se podría continuar con el procedimiento penal. Desde el movimiento presentaron una solicitud para renovar la investigación, la que será revisada este miércoles por el Juzgado de Garantía.