La mañana de este jueves, la ministra (s) vocera y subsecretaria general de Gobierno, Nicole Cardoch, se refirió al desalojo de la megatoma del Cerro Centinela en San Antonio y las medidas adoptadas por el Ejecutivo.
Sus declaraciones surgen luego de que la Corte de Apelaciones de Valparaíso notificará la fecha de desalojo para el jueves 27 de febrero, una medida que impactará a más de 4 mil familias, es decir, alrededor de 11 mil personas.
¿Cuáles son las soluciones para la megatoma del Gobierno?
La ministra señaló que el lunes 24 de febrero, se llevará a cabo una reunión con el Ministerio de Vivienda, que actuará como mediador con las familias afectadas, y contará con la presencia del subsecretario del Interior, Luis Cordero.
“Como Gobierno, vamos a agotar todas las facultades que tenemos, que son restrictivas en este caso, pero serán para encontrar una solución a largo plazo”, explicó en radio Sonar FM.
Además, destacó que el Gobierno ha trabajado con los vecinos desde antes de la fecha establecida para el desalojo, enfocándose en la formación de cooperativas.
Esta propuesta fue presentada en noviembre de 2024 por el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, durante su visita a Valparaíso, y su objetivo es organizar a los 59 comités de vecinos en cooperativas, para facilitar la compra de los terrenos y posteriormente, postular a proyectos habitacionales que permitan regularizar su situación.
Cardoch sostuvo que, “el trabajo que hemos tenido con las familias, con los propietarios y en este caso también, con el Alcalde y todos los actores locales pertinentes, han sido desde hace un tiempo”.
“Por eso digo, hay un trabajo ya de cooperativas que viene trabajando, en este caso nosotros solo podemos ser mediadores de una solución sostenible y humanitaria; a propósito de la gran cantidad de niños y niñas que viven en esta megatoma”, agregó.
Estos esfuerzos responden a un catastro del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que reveló que la toma está compuesta por un 33% de niños y un 13% por personas de nacionalidad extranjera. Además, el 70% de las familias que residen allí se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad social.
Por último, la ministra señaló que más de 100 mil familias en el país viven actualmente en asentamientos precarios y campamentos de diversas dimensiones. “Por eso, esta debe ser una solución humanitaria, que es lo que hemos puesto por delante, y seguiremos abriendo al diálogo”, concluyó.
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