Uno de los querellantes en el caso por torturas contra niños y adolescentes del Cread de Playa Ancha anunció este viernes que pedirán la prisión preventiva contra 7 exfuncionarios del Sename.
En una sesión en el Juzgado de Garantía de Valparaíso, este viernes se discutió la extensión o eventual cierre de la investigación que lleva el Ministerio Público, en la cual hay ocho extrabajadores procesados por apremios ilegítimos cometidos por funcionarios públicos -tipificación para antes de noviembre de 2016 de la tortura-.
Pese a que la defensa en un primer momento pidió que se cerrara este proceso y se decretara el sobreseimiento definitivo, posteriormente se terminó allanando a la ampliación del plazo por 60 días.
“El cierre de la investigación implica también la imposibilidad de discutir sobre una salida alternativa en este procedimiento. Se ha tratado la salida alternativa con la Fiscalía”, explicó el abogado defensor Carlos Fuentes.
Pero lo más destacado de la jornada fue el anuncio de la petición de prisión preventiva para Juan Morales Sequeira, Rafael Garín Beltrán, Greg Olave Aguayo, Jose Cid Mercado, Luis Rubilar Ramírez, Luis Mandujano Arancibia y Leonardo Lobos Gardaix, medida promovida por el abogado querellante por la Corporación La Matriz y excomisionado de la Infancia del Sename, Carlos Alvear.
“Creemos que están los antecedentes para solicitar la prisión preventiva, porque aquí han existido presiones de determinados imputados“, aseguró Alvear.
“En 2015 uno de estos imputados fue con otro educador de trato directo a la casa de una de las víctimas a intimidar para que no declarara, y hasta el día de hoy una de esas víctimas no ha declarado”, agregó.
Para discutir esta solicitud y revisar las cautelares -de firma mensual y prohibición de acercarse a las víctimas-, finalmente se fijó una audiencia para el próximo 8 de julio. No se pidió la medida contra una última imputada por haber colaborado con la investigación.
Tanto desde la parte defensora como de la querellante criticaron a la Fiscalía, por el tiempo que le ha tomado realizar su trabajo en este caso, cuyas primeras denuncias ocurrieron en 2015. Ya se había determinado un plazo de investigación de seis meses el pasado 8 de octubre, cuando se llevó a cabo la formalización, el que Fiscalía excedió.
“No se justifica mucho que se siga ampliando en 60 días, tampoco representa un tiempo muy considerable para la ejecución de alguna medida probatoria importante”, aseveró Fuentes.
“Hay diligencias que están pendientes, hay diligencias que estaban en la querella presentada por la Corporación La Matriz, y que no se han realizado”, opinó por su parte Carlos Alvear.
