La Asociación Nacional de Magistrados se refirió a la trama de corrupción de la Corte de Apelaciones de Rancagua.
Al respecto, señalaron que “la confianza fracturada vuelve imprescindible determinar responsabilidades individuales, pero también centrarnos en los temas de fondo que tienen que ver con la estructura y transparencia con que operan los mecanismos no solo de nombramientos, sino también de responsabilidad y gobierno judicial”.
En esa línea, sostuvieron que es “indispensable avanzar hacia transformaciones profundas en la estructura y gobierno del Poder Judicial que permitan acabar decididamente con los espacios de discrecionalidad, búsqueda de apoyos, injerencias indebidas y tráfico de influencias que en el actual diseño institucional pueden permear el sistema de nombramientos de jueces y juezas”.
“Tenemos que cerrar la puerta al ejercicio de presiones indebidas y poner luz donde actualmente hay opacidad y sospechas”, enfatizaron.
En específico, apuntaron a que “la Corte Suprema no puede ser juez y parte interesada, como hasta ahora, imponiendo directrices administrativas que afectan la esfera de la independencia judicial interna”.
Ante eso, expresaron “la necesidad de la urgente creación de un órgano independiente a la Corte Suprema que se dedique a nombramientos y sistema de responsabilidad administrativa”.
Finalmente, llamaron al oficialismo y al Congreso a realizar los cambios necesarios para modernizar la orgánica del Poder Judicial.
