El gobernador tiene 60 días para responder al contralor nacional, Jorge Bermúdez, y regularizar los actos irregulares cometidos con el convenio firmado con la ONU y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
Contraloría puso una lápida y dio un plazo perentorio de 60 días para revertir las ilegalidades e irregularidades detectadas en la firma de convenios para traer refugiados a Magallanes con la ONU y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
Se trata de un acuerdo impulsado por el gobernador regional de Magallanes, Jorge Flies, la alcaldesa de Natales, Antonieta Oyarzo, junto a otras nueve municipalidades.
De acuerdo al dictamen del contralor general de la República, Jorge Bermúdez Soto, del 14 de octubre de 2022, señala, en su apartado de análisis y conclusión, que la firma de estos convenios con organismos internacionales es una atribución exclusiva del Presidente de la República y no de los gobernadores y alcaldes.
“Vistas la regulación aplicable y la jurisprudencia citada, se advierte que la conducción de las relaciones internacionales es una potestad que le corresponde ejercer al Presidente de la República como Jefe del Estado, con la colaboración del Ministerio de Relaciones Exteriores”, señala.
“Las entidades denunciadas no ajustaron su obrar a derecho al haberlos suscrito, pues la celebración de esos acuerdos excede las atribuciones que el ordenamiento jurídico les confiere a los gobiernos regionales y a las municipalidades y no se enmarca en los supuestos previstos en el artículo 35 de la citada Ley N° 21.080”, enfatiza.
Recordemos que el consejero regional Alejandro Riquelme y el diputado Christian Matheson solicitaron vía Transparencia el convenio firmado por el gobernador Flies.
Este se negó a su entrega, como asimismo tampoco registró las reuniones llevadas a cabo con altos funcionarios de la ONU y Acnur, las cuales hasta la fecha no han sido publicadas en el registro de audiencias del gobernador.
A pesar de lo anterior, el consejero regional acudió al Tribunal de Transparencia, quien obligó al gobernador Flies a publicar el contenido íntegro del convenio, en febrero.
De esta forma se pudo constatar que una vez firmado el convenio, que data de diciembre de 2021, el gobernador Flies comenzó a financiar con recursos del presupuesto del Gobierno Regional servicios gratuitos de orientación socio-jurídica a refugiados y migrantes.
Estas actividades alcanzaron a ser desarrolladas solo durante enero por Fide XII y el apoyo técnico de la Clínica Jurídica de la UMAG, que es liderada por la hermana del gobernador, Angie Flies.
El dictamen del contralor nacional señala que el gobernador y los alcaldes denunciados han realizado una “invasión al ámbito propio de la potestad que la Carta Fundamental le confiere al Jefe de Estado para conducir las relaciones internacionales”.
En ese sentido, termina obligando “al Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica Chilena y las municipalidades de Arica, Valparaíso, Estación Central, Santiago, Ñuñoa, La Pintana, Recoleta, Concepción, Talcahuano y Puerto Natales, a arbitrar las providencias que según el ordenamiento correspondan a fin de corregir la irregularidad antes descrita, de lo cual informarán a las respectivas Contralorías Regionales en un plazo de 60 días hábiles desde la notificación del presente pronunciamiento”.
Parlamentarios valoraron dictamen de la Contraloría por firma de acuerdo para refugiados
Al respecto, el diputado Matheson se mostró conforme con la determinación de Contraloría, indicando que “esta respuesta de Contraloría viene a ratificar la presentación que hicimos en abril cuando acudimos al organismo, porque a nuestro juicio esta firma del gobernador era ilegal y arbitraria”.
“Aquí no hay ciudadanos de primera y segunda clase y este convenio principalmente ‘pasa a llevar’ los derechos sociales de muchos ciudadanos de nuestra región, ya que personas migrantes podrían acceder más fácil a estos beneficios”, criticó.
“Es importante destacar que ninguna autoridad está por sobre la ley; al contrario, estamos convocados a mayores estándares de probidad y transparencia en nuestros actos. Aquí, lo cierto es que el gobernador se excedió en sus atribuciones, ya que la conducción, negociación y suscripción de tratados internacionales es de potestad exclusiva del Presidente de la República, en colaboración con el Ministerio de Relaciones Exteriores, y en consulta con el Consejo Regional (CORE)”, concluyó Matheson.
Finalmente, el core Riquelme aseguró que “esta es la primera de muchas irregularidades e ilegalidades que se harán públicas del gobernador Flies, que actúa con completo descaro desde su posición de autoridad”.
“El actuar del gobernador, primero en ocultar este convenio y negando su publicación, nos convence aún más que sabía de su actuar al margen de la ley”, cuestionó.
“Si a ello sumamos que uno de los beneficiarios de este tipo de iniciativas son instituciones dirigidas por familiares como su hermana Angie Flies, es impresentable. Es la punta del iceberg de una serie de irregularidades, que actualmente está estudiando el contralor nacional y regional, pero que lamentablemente toman muchos meses en ser investigadas”, concluyó.
