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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

El Tercer Tribunal Ambiental rechazó la participación de las comunidades afectadas por la salmonera en el río San Pedro en la reclamación que busca la caducidad de la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto, vigente desde el 2008.

El Tercer Tribunal Ambiental rechazó que las comunidades afectadas por la salmonera en el río San Pedro se hagan parte de la reclamación que busca la caducidad de la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto, que está vigente desde el 2008.

Rechazo ha generado en la ciudadanía la iniciativa impulsada por la empresa Salmones Antártica, sobre todo por quienes viven cerca del lugar donde están instaladas las faenas que apuntan a un posible impacto ambiental.

Debido a lo anterior, se presentó una demanda que busca la caducidad de la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto, cuya vigencia data del 2008.

Sin embargo, la acción legal fue archivada por la Superintendencia del Medio Ambiente, argumentando que no se configuraban las acusaciones, ya que no transcurrió un período superior a 5 años sin ejecutarse las obras.

De esta forma, se presentó una reclamación al dictamen del órgano fiscalizador en el Tercer Tribunal Ambiental.

Eso sí, en los últimos días las comunidades que residen cerca de la salmonera en el río San Pedro solicitaron hacerse parte de dicha acción, argumentando que son los principales afectados por las obras de la polémica piscicultura que se pretende instalar en el sector.

Pero la petición no fue acogida por el Tercer Tribunal Ambiental, lo que generó sorpresa en la abogada de la ONG Defensoría Ambiental y representante de las comunidades, Alejandra Donoso, señalando que es una decisión que va en contra de los avances en la justicia ambiental.

De acuerdo al fallo del tribunal, la solicitud fue rechazada porque no se logró comprobar que las comunidades realicen actividades productivas en el área donde se ejecutan las obras, ya que se argumentó en primera instancia que dependían del río para la agricultura, el abastecimiento de alimentos, pesca artesanal y otros rubros.

De todos modos, Alejandra Donoso explicó que presentarán un recurso para que se reconsidere la decisión del tribunal, ya que la catalogaron como una equivocación.

Además, la justicia aún no se pronuncia por las medidas cautelares que solicitaron las comunidades, que consisten en la paralización total de obras de la piscicultura mientras se reprograman los alegatos, que han sido postergados en varias ocasiones por falta de jueces.