"Un aspecto fundamental para la protección de las víctimas es que la usurpación sea considerado un delito", dijo el gerente y vocero de la ONG Campo Seguro, Francisco Muñoz.

Que se mantenga la flagrancia y la restitución efectiva de los inmuebles, exigieron organizaciones agropecuarias del sur del país ante la discusión por la Ley de Usurpaciones.

Fue por medio de un oficio dirigido a senadores y diputados de las regiones de Los Ríos y Los Lagos, además de parlamentarios miembros de las Comisiones de Seguridad del Congreso, que la ONG Campo Seguro, que representa a las valdivianas Saval y Aproval, a Sago y Aproleche de Osorno, además de Agrollanquihue, presentaron posición en la discusión de la ley cuyo veto se sigue discutiendo en el Congreso.

En el escrito apuntan a la violencia que se ejerce en estos hechos y delitos asociados a las usurpaciones, incluso en predios que han sido desalojados, lamentando la falta de detenidos y procesados ante estos hechos.

De ahí el requerimiento del gerente y vocero de la ONG Campo Seguro, Francisco Muñoz, para resguardar la flagrancia extendida y la pena de presidio.

“Un aspecto fundamental para la protección de las víctimas es que la usurpación sea considerado un delito y una falta en cualquier de sus tipos”, dijo y añadió que “la operación de grupos organizados sigue vigente y la actual legislación es precaria”.

De igual forma apuntó a que “resulta relevante el concepto de restitución efectiva del inmueble, siempre y cuando este no flexibilice el actuar de Carabineros ante la comisión de un delito flagrante”.

El texto finaliza planteando que existen diferencias respecto a la comisión del delito de usurpación en predios rurales del sur de Chile, donde se afecta a espacios productivos agroalimentarios.