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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

Un exmilitar venezolano de 30 años fue vinculado a una serie de robos sorpresa en La Serena y Coquimbo, utilizando la modalidad de "motochorro" y mochilas de reparto para no levantar sospechas. El sujeto cometió al menos 16 delitos, enfocándose en la sustracción de teléfonos celulares de alta gama, principalmente iPhones, aprovechando descuidos en la vía pública. Tras ser detenido, se recuperaron tres teléfonos y evidencias clave. Aunque se acreditó su participación en 11 delitos, recibió una condena de cinco años de libertad vigilada intensiva, generando preocupación por la gravedad de los delitos.

Un ciudadano venezolano de 30 años, exmilitar en su país, fue vinculado a una serie de robos por sorpresa cometidos durante febrero en las comunas de La Serena y Coquimbo, principalmente en el centro y sector oriente de la capital regional.

El sujeto operaba bajo la modalidad de “motochorro”, utilizando mochilas de aplicaciones de reparto para no levantar sospechas y acercarse a sus víctimas.

De acuerdo a antecedentes recopilados por Diario El Día, el imputado participó en al menos 16 delitos, enfocándose principalmente en la sustracción de teléfonos celulares de alta gama, en su mayoría iPhone, aprovechando momentos de descuido en la vía pública.

Su accionar quedó registrado en diversas cámaras de seguridad, lo que permitió a la Policía de Investigaciones (PDI) reconstruir su recorrido delictual y vincularlo directamente a los hechos.

Tras su detención, se realizaron diligencias en distintos inmuebles, donde se logró recuperar tres teléfonos celulares y vestimentas utilizadas durante los robos, elementos clave para robustecer la investigación.

No irá a la cárcel

A partir de este trabajo, se logró acreditar su participación en 11 delitos, cifra considerada en el proceso judicial.

Pese a la reiteración de los hechos y a que la Fiscalía solicitaba una pena de ocho años de presidio efectivo, el tribunal resolvió una condena de cinco años de libertad vigilada intensiva, luego de que el imputado admitiera su responsabilidad.

De esta forma, el condenado cumplirá la pena bajo supervisión de Gendarmería, sin ingresar a un recinto penitenciario.

La resolución generó inquietud debido a la gravedad de los delitos y su impacto en la seguridad de la conurbación, especialmente considerando el nivel de planificación y reiteración del actuar delictual.

Desde el gobierno, el delegado presidencial regional, Víctor Pino, abordó la situación, reconociendo la preocupación ciudadana.

“Entendemos la preocupación de la ciudadanía frente a este tipo de situaciones, especialmente cuando se trata de delitos de alta connotación; sin embargo, respetamos plenamente la autonomía del Poder Judicial y no nos corresponde emitir juicios sobre sus resoluciones”, manifestó.

No obstante, enfatizó que la seguridad seguirá siendo una prioridad. “Creemos firmemente que la lucha contra la delincuencia requiere señales claras y contundentes. Lo hemos demostrado en los primeros 10 días de nuestra gestión y seguiremos impulsando todas las acciones necesarias, junto a las policías y el Ministerio Público, para que sujetos como este salgan de nuestras calles y nuestros barrios, y así nuestros vecinos puedan vivir más tranquilos”, concluyó.