Una organización criminal integrada por diez ciudadanos colombianos, dedicada a otorgar préstamos informales bajo la modalidad conocida como “gota a gota”, fue desarticulada en las comunas de Copiapó y Vallenar, en la región de Atacama. El operativo permitió incautar bienes, vehículos y dinero en efectivo avaluados en más de $100 millones.
La investigación fue desarrollada por detectives de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) de la PDI Copiapó, en coordinación con la Unidad SAC de la Fiscalía de Atacama. Según los antecedentes, la estructura operaba desde al menos 2022 y tenía como principales clientes a comerciantes, especialmente feriantes.
El mecanismo consistía en entregar créditos de rápido acceso, cuyos intereses se cobraban diariamente y superaban las tasas permitidas en el país.
Cae banda de prestamistas
De acuerdo con el jefe de la Brilac Copiapó, subprefecto Luis Valenzuela, los imputados mantenían locales comerciales en Copiapó y utilizaban barberías como empresas de fachada para ocultar el origen ilícito de los recursos y dar apariencia de legalidad a su patrimonio.
El trabajo investigativo incluyó análisis criminal, tributario y financiero. Además, permitió identificar parte de los bienes de la organización, entre ellos tres vehículos avaluados en más de $70 millones, cuatro motocicletas utilizadas para concretar las operaciones y más de $24 millones en efectivo.
En total, detectives irrumpieron en ocho inmuebles para reunir evidencia y concretar las detenciones.
Por su parte, el fiscal Pedro Pablo Orellana explicó que la organización tenía una estructura jerárquica y roles definidos entre sus integrantes.
No tenían antecedentes
También reveló que uno de sus presuntos líderes registró abonos por cerca de un millón de dólares en sus cuentas bancarias durante el periodo investigado.
El persecutor agregó que todos los detenidos mantenían residencia regular en Chile y no registraban antecedentes penales.
Tras la audiencia de formalización, la Fiscalía comunicó cargos por asociación delictiva, usura, invasión de giro bancario, lavado de activos y asociación delictiva para el lavado de activos.
El tribunal decretó la prisión preventiva para los diez imputados, ocho hombres y dos mujeres, al considerarlos un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, estableció un plazo de cinco meses para el desarrollo de las diligencias restantes.
Desde el Gobierno destacaron el resultado del procedimiento y el impacto económico contra la estructura criminal, especialmente por la incautación de su patrimonio y la interrupción de sus fuentes de financiamiento.