Tras exponer los antecedentes de la formalización de las tres aristas del caso “Operación Vía Crucis”, que indaga delitos de corrupción relacionados con procedimientos irregulares de compra de insumos en Gendarmería, el Ejército y el Servicio de Reinserción Social Juvenil (ex Sename), la Fiscalía de Atacama solicitó prisión preventiva para los funcionarios públicos investigados en la causa.
Durante la audiencia, el ente persecutor se refirió a los presuntos actos irregulares detectados en las aristas del ex Sename y del Ejército, específicamente en el Regimiento Logístico N°2 “Arsenales de Guerra”.
La exposición de ambas líneas investigativas dejó de manifiesto que el modo de operar era similar al de la arista “Gendarmería”, indagada en Atacama, relacionada con la adquisición de insumos por parte de las instituciones mediante la actuación ilegal de funcionarios públicos imputados.
Según la Fiscalía, estos se coordinaban con particulares que administraban las comercializadoras Santa María y FyF SpA.
Al respecto, el fiscal Luis Miranda Flores señaló que “en esta cuarta jornada se terminó la audiencia de formalización, pudiendo argumentar que es una investigación que surge tras una denuncia reservada hecha por Gendarmería y que ilustró acerca de mecanismos fraudulentos de adjudicación de insumos relacionados con procesos de compra de alimentación para el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Copiapó”.
Fiscalía acusa cinco mecanismos irregulares en cada arista
Respecto de los hechos investigados, el persecutor indicó que la Fiscalía, junto con la labor operativa de la Bridec y Brilac de la PDI, logró acreditar cinco mecanismos en cada una de las aristas indagadas, los que llevaron a la comunicación de cargos por los delitos de fraude al fisco, cohecho, asociación ilícita y lavado de activos.
“Bajo cada uno de estos conceptos se pudo advertir que, a partir de esta infracción de los deberes del cargo, los distintos funcionarios públicos obtuvieron beneficios económicos irregulares que se tradujeron en transferencias efectuadas por los imputados propietarios de las empresas involucradas. Estamos hablando de los cuatro funcionarios de Gendarmería que se desempeñaban en Copiapó, de una funcionaria del Sename que se desempeñaba en el CIP-CRC de San Bernardo y de un funcionario del Ejército. Cabe mencionar que en esta causa se solicitó el alzamiento del secreto bancario extendido para reunir más antecedentes de los movimientos realizados”, dijo Miranda.
Sobre los beneficios que recibieron los imputados que se coordinaron con los representantes de las mencionadas empresas, el fiscal Miranda indicó que la investigación acreditó transferencias bancarias que iban desde los $200.000 hasta los $2.500.000, monto que luego era redistribuido entre los imputados. Agregó que también hubo distribución de mercadería.
Miranda indicó que la investigación, en todas sus aristas, estableció un perjuicio fiscal del orden de los $1.111 millones.
Consejo de Defensa del Estado se suma a la causa
Este lunes también se sumó a la audiencia el Consejo de Defensa del Estado (CDE), entidad que presentó una querella a partir de los antecedentes conocidos.
En este sentido, la abogada Marsella Rojas indicó que el organismo se hizo parte en la causa respecto de los funcionarios públicos involucrados y los particulares.
“La querella está acorde con los hechos formalizados frente a la investigación del Ministerio Público y que busca perseguir la responsabilidad de los funcionarios, participando desde este momento en cada una de las actuaciones que se desarrollen en esta causa y ante una eventual audiencia de Juicio Oral”, indicó.
Fiscalía pide prisión preventiva para funcionarios
Luego de la entrega de los medios de prueba que sustentaron la extensa formalización de cargos, la tarde de este lunes la Fiscalía argumentó la solicitud de prisión preventiva para todos los funcionarios públicos investigados.
El debate continuará este martes con la exposición de las respectivas defensas.
En tanto, respecto de los particulares indagados, quienes tienen un tipo penal distinto, se solicitó el arresto domiciliario total, además del arraigo nacional.
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