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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

El Ministerio de Ciencia defendió el acuerdo no vinculante con OpenAI, firmado por Ximena Lincolao, y aseguró que no tendrá costo, exclusividad ni acceso a datos sensibles. La alianza busca explorar usos de IA y capacitar funcionarios, pero parlamentarios opositores exigen conocer el documento y aclarar sus resguardos, costos futuros e impacto en la soberanía tecnológica. El convenio coincide con una demanda de California contra OpenAI por presuntas fallas de seguridad.

El mismo día en que la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, firmó con Sam Altman, CEO de OpenAI, un acuerdo para explorar el uso de inteligencia artificial en el Estado chileno, el fiscal general de California demandó a la empresa por supuestas fallas de seguridad en el desarrollo y prueba de modelos experimentales.

La alianza también llega mientras el Gobierno impulsa una postergación de la nueva Ley de Protección de Datos Personales. En ese escenario, parlamentarios de oposición pidieron conocer el documento y aclarar qué información podría utilizarse, bajo qué condiciones y cómo se resguardará la independencia tecnológica del país.

Consultado por BioBioChile, el Ministerio de Ciencia aseguró que el memorándum no tiene costo para el Estado, no establece exclusividad y no contempla transferir datos sensibles de la ciudadanía. También afirmó que la capacitación de funcionarios se realizará sin información personal ni bases de datos confidenciales del Estado.

Sin embargo, la cartera señaló que no puede compartir públicamente el documento firmado, aunque aseguran que Lincolao contaba con todos los vistos buenos del Gobierno y de Cancillería para avanzar.

Qué se sabe del acuerdo firmado entre Lincolao con OpenAI

Como informó BioBioChile la noche del lunes, el memorándum establece la iniciativa “OpenAI para Chile”, enmarcada en el programa internacional OpenAI for Countries. Según los antecedentes difundidos por la cartera, busca explorar aplicaciones de inteligencia artificial para modernizar la gestión pública, capacitar a funcionarios y fortalecer la innovación nacional.

Al anunciarlo, Lincolao sostuvo que estas herramientas se utilizarían “con controles claros y supervisión humana en cada caso”. El Ministerio informó que los resguardos deberán definirse antes de implementar o ampliar las aplicaciones.

Ahora, en respuesta a este medio, Ciencia precisó el alcance del documento:

“Se trata de un acuerdo de colaboración: un marco no vinculante para explorar cooperación. No es una compra ni una adjudicación. Su firma no tiene costo para el Estado, tampoco implica exclusividad”.

La cartera explicó que se formará una mesa de trabajo con representantes del Ministerio y de OpenAI, que inicialmente se reunirá una vez al mes para revisar prioridades, capacitación, planes y riesgos.

“Esta mesa puede recomendar actividades, pero no puede comprometer recursos ni aprobar contratos. Cada proyecto deberá evaluarse individualmente y establecer, antes de implementarse, sus condiciones específicas de seguridad, privacidad y contratación”, señaló.

Las dudas por los datos personales y la independencia tecnológica

El senador Diego Ibáñez (FA) solicitó a Ciencia el memorándum íntegro, sus anexos y el eventual acto administrativo que lo aprueba. También pidió a Contraloría evaluar su legalidad.

Sus consultas incluyen cómo se escogió a OpenAI, si se evaluaron alternativas, si habrá costos en etapas posteriores y bajo qué condiciones podría utilizarse información del Estado: “¿Por qué no fue una licitación? ¿En qué compromete los datos personales de las y los chilenos?”, cuestionó al anunciar las solicitudes.

La diputada Gael Yeomans (FA) también ofició a Lincolao y a la subsecretaria Carolina Rossi para pedir el texto completo y aclarar los compromisos asumidos.

“Queremos conocer el acuerdo completo, a qué se comprometió el Estado y si OpenAI va a tener acceso a nuestros datos y con qué fines”, sostuvo.

La parlamentaria pregunta dónde se almacenaría la información, si podría emplearse para entrenar modelos y si hubo una evaluación previa de riesgos. Además, cuestiona que la empresa participe en una mesa que definirá prioridades y casos de uso. Su preocupación es que un eventual proveedor intervenga en identificar las necesidades del Estado.

Por su parte, la diputada Daniela Serrano (PC), integrante de la Comisión de Ciencias, cuestionó que el acuerdo se concretara mientras el Congreso discute la regulación de inteligencia artificial y el aplazamiento de la nueva normativa de datos personales.

“Nosotros estamos tramitando leyes de inteligencia artificial y me parece inconcebible que el gobierno no haya alertado esto, incluso cuando propone una prórroga de la entrada en vigencia de datos personales”, sostuvo.

La parlamentaria planteó que estos compromisos debieron abordarse en una conversación con el Congreso y vinculó su crítica con la autonomía del país: “Creo que esto no solamente habla de la calidad de la ministra, sino también de una política que lamentablemente está teniendo este gobierno de abrir nuestra soberanía al mejor postor”.

El presidente de la Comisión de Ciencias de la Cámara, Daniel Manouchehri, puso el acento en escuchar las explicaciones de Lincolao antes de evaluar el alcance del acuerdo.

“Le hemos pedido a la ministra que explique el acuerdo con OpenAI en la próxima sesión de la Comisión de Ciencias y se ha comprometido a asistir. Queremos conocer cuáles son los alcances y cómo se protegerán los datos y la independencia tecnológica de Chile”, señaló.

La demanda presentada en California

El mismo lunes de la firma, el fiscal general de California, Rob Bonta, demandó a OpenAI, acusándola de desarrollar y probar modelos avanzados sin las salvaguardas y supervisión necesarias para proteger al público.

La acción recoge un incidente de julio de 2026 en el que agentes que operaban con modelos experimentales accedieron a internet y atacaron la plataforma Hugging Face, pese a que debían permanecer dentro de un entorno de investigación controlado.

La Fiscalía sostiene que las fallas generaron un peligro para el público y vulneraron la legislación estatal sobre competencia desleal.

OpenAI respondió que el problema afecta a los principales laboratorios de inteligencia artificial y que ha reforzado sus controles, publicado informes y trabajado para abordar el comportamiento de modelos que se apartan de sus instrucciones. También aseguró que seguirá colaborando con la Fiscalía de California.

Ciencia descarta usar información personal en las capacitaciones

Frente a las preguntas sobre privacidad, Ciencia sostuvo que el memorándum no contempla entregar datos sensibles y que la prioridad será capacitar a funcionarios sin exponer información personal.

“La formación podrá realizarse con datos abiertos, nacionales e internacionales, y con datos sintéticos. No se utilizará información personal de la ciudadanía ni bases de datos confidenciales del Estado”, aseguró el Ministerio.

La cartera añadió que sus equipos tienen instrucciones para dejar esa condición expresamente establecida en los planes de capacitación. Los proyectos que surjan después deberán definir sus propios requisitos de seguridad, privacidad y contratación antes de ponerse en marcha.