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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

El Tribunal Constitucional escuchará este miércoles a la Universidad de Santiago, la U. Adolfo Ibáñez, la U. Finis Terrae y la Federación de Colegios de Abogados por la exigencia de “antecedentes de buena conducta” para obtener el título. El TC deberá resolver si mantiene o elimina la norma, cuestionada por no fijar criterios objetivos y que, según sus críticos, podría afectar la igualdad y la libertad de trabajo. La audiencia no definirá el fondo: para declarar inconstitucional el requisito se requiere el voto favorable de cuatro quintos de los ministros.

El Tribunal Constitucional realizará este miércoles una audiencia pública donde se examinará si debe expulsar del actual ordenamiento el requisito que permite a la Corte Suprema revisar los antecedentes personales de quienes postulan al título de abogado. Expondrán tres universidades y la Federación de Colegios de Abogados. La medida genera debate.

El Tribunal Constitucional (TC) escuchará este 18 de noviembre a cuatro instituciones que expondrán en el proceso abierto para resolver si es inconstitucional exigir “antecedentes de buena conducta” a quienes buscan obtener el título de abogado. La audiencia, fijada para las 11:00 horas, genera muchísimo interés en momentos en que cerca de 6 mil nuevos abogados reciben el título año a año.

Las entidades admitidas para exponer son la Universidad de Santiago, la Universidad Adolfo Ibáñez, la Universidad Finis Terrae y la Federación de Colegios de Abogados de Chile. En la misma resolución, dictada el 16 de noviembre, el TC rechazó la solicitud de Sergio Antonio Marabolí Flores al indicar que no cumple la condición fijada para la audiencia, que exige “representar un interés colectivo como persona jurídica”.

La audiencia, obviamente, está radicada solo en escuchar y no resolverá por sí sola la controversia de fondo que pasa por buscar determinar si se mantiene o se elimina, con efectos generales, el artículo 523 N°4 del Código Orgánico de Tribunales (COT), que exige contar con antecedentes de buena conducta y autoriza a la Corte Suprema a practicar las averiguaciones que estime necesarias sobre los antecedentes personales del postulante.

El TC abrió el procedimiento de oficio en julio, después de que la norma fuera declarada inaplicable en distintos casos. Esa decisión habilitó un “examen más amplio”, pero no anticipa el resultado, obviamente, por lo que ahora el TC debe analizar la constitucionalidad del precepto en términos generales, más allá de las circunstancias de cada postulante.

Una exigencia cuestionada por su amplitud

El principal cuestionamiento apunta a que la ley no define qué conductas constituyen falta de “buena conducta” ni establece criterios objetivos para evaluar los antecedentes. En casos previos, el TC estimó que esa amplitud puede abrir espacio a decisiones dispares y afectar la igualdad ante la ley y la libertad de trabajo, punto que es el más defendido por instituciones y que debería escucharse mañana en estrado.

La controversia tiene consecuencias concretas para postulantes a quienes la Corte Suprema ha negado el juramento de abogado por antecedentes penales. En uno de los casos revisados por el Tribunal, una persona cuya condena había sido cumplida y cuyos antecedentes fueron eliminados enfrentó igualmente el rechazo de su solicitud para acceder al título. El TC declaró inaplicable la norma en ese caso, al estimar que su aplicación podía imponer una restricción adicional a la prevista por el legislador.

El debate también considera que el artículo 523 ya contempla, en su numeral tercero, determinadas inhabilidades asociadas a condenas o acusaciones penales que se contraponen con lo que se requiere para ser acreedor del título de abogado. Quienes cuestionan el numeral cuarto sostienen que la frase “buena conducta” puede extender la evaluación más allá de esas causales y dejar a los postulantes sin una regla clara sobre qué antecedentes les impedirían titularse.

De hecho, algunos sostienen que el solo hecho de haber enfrentado un sumario dentro de la universidad podría atentar contra la “buena conducta” y ser motivo para el rechazo del mismo título.

La postura de la Corte Suprema

En representación de la Corte Suprema, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) pidió al TC mantener vigente el requisito. Su argumento es que la expresión puede interpretarse como un estándar actual de idoneidad ético-profesional, vinculado con el ejercicio leal y honrado de la abogacía, y no como una evaluación general de la vida privada o moral de quien postula.

El CDE también sostuvo que la norma no debería convertir automáticamente una condena ya cumplida en una nueva inhabilidad. A su juicio, deben ponderarse la gravedad y antigüedad de los hechos, la conducta posterior y la eventual rehabilitación del postulante.

El punto que deberá resolver el Tribunal es si esa interpretación acota suficientemente la norma o si, por su falta de parámetros legales, como indican algunos abogados, el requisito resulta incompatible con la Constitución.

Para declarar la inconstitucionalidad se requiere el voto favorable de cuatro quintos de los ministros en ejercicio, según explicaron a Bío Bío. Si se alcanza ese quórum, la disposición dejaría de regir con efectos generales, una vez publicada la sentencia. La audiencia de este miércoles será un paso dentro de ese proceso, a la espera de la definición final.