La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes, en segundo trámite constitucional, el proyecto que modifica y posterga la entrada en vigencia de la Ley de Protección de Datos Personales, quedando la iniciativa lista para convertirse en ley.
De esta manera, la normativa comenzará a regir el 15 de octubre de 2027, extendiendo el plazo que originalmente contemplaba su implementación para el 1 de diciembre de 2026.
Esta corresponde a la primera postergación formal de la entrada en vigencia de la Ley N° 21.719, publicada en diciembre de 2024. Inicialmente, el Ejecutivo había propuesto aplazar su implementación hasta diciembre de 2027. Sin embargo, tras un acuerdo transversal alcanzado en el Senado, se acotó la extensión del plazo hasta octubre de ese año.
Tras la aprobación, el subsecretario de Economía, Karlfranz Koehler, valoró el avance de la iniciativa y adelantó que el Gobierno espera avanzar en la conformación de la nueva institucionalidad encargada de supervisar el cumplimiento de la normativa.
“Valoramos la aprobación de este proyecto y, ahora, apenas se publique la ley, esperamos nombrar a los consejeros de la Agencia de Protección de Datos Personales, para que dicte las instrucciones y tome las providencias necesarias antes de que la ley entre a regir en octubre de 2027”, sostuvo.
Nueva Agencia de Ley de Protección de Datos
Entre las modificaciones contempladas en el proyecto también se encuentra la designación anticipada del Consejo Directivo de la nueva Agencia de Protección de Datos Personales. Para ello, el Ejecutivo deberá presentar al Senado su primera propuesta de consejeros a más tardar nueve meses antes de la nueva fecha de entrada en vigencia.
Asimismo, se aumenta de tres a cinco el número de integrantes del Consejo, quienes ejercerán períodos de seis años, sin posibilidad de reelección y con una renovación parcial cada dos años.
“Todas las adecuaciones que exige la Ley de Protección de Datos requieren que todos conozcan los criterios con que la autoridad interpretará y aplicará la ley, los que corresponde fijar a la Agencia. Por eso es importante que el Consejo se constituya previo a la vigencia de la ley”, explicó Koehler.
Por otra parte, durante la tramitación se rechazó la propuesta de extender a todas las empresas la aplicación de amonestaciones, en reemplazo de multas, durante el primer año de aplicación de la normativa. Al respecto, el subsecretario manifestó que al Ejecutivo le gustaría insistir en esa modificación en otra instancia legislativa, para que el beneficio alcance a todas las empresas y no solamente a las pequeñas y medianas.