El exministro de Justicia Jaime Gajardo lanzó duras críticas contra su sucesor, Fernando Rabat, por la polémica de las rebajas de condena a presos por delitos sexuales, y lo acusó de entregar información incompleta y errónea al Congreso.
Sus cuestionamientos no apuntaron solo a Rabat. También involucró al subsecretario Arenas, a quien acusó de participar en una estrategia para ocultar información sobre los decretos firmados por el actual titular de Justicia.
“Acá hay una intención deliberada por desinformar de parte del subsecretario Arenas y también del ministro Rabat (…) El ministro utilizó los fallos que no eran uniformes, pero les da pretensión de uniformidad”, afirmó este martes en conversación con Tele13 Radio.
Gajardo acusa intención deliberada de desinformar
El exsecretario de Estado sostuvo que el Gobierno tuvo varias oportunidades para transparentar los decretos, pero no lo hizo.
“A pesar de que se le dijo al Gobierno en muchas ocasiones que presentaran los antecedentes, que le dieran cuenta al país de los decretos que había firmado el ministro Rabat, no lo hicieron”, cuestionó.
En particular, apuntó a la exposición que Rabat realizó ante la Cámara de Diputados, donde debía explicar las decisiones adoptadas por su cartera.
En este contexto, cuestionó que “ha habido una intención deliberada de desinformar y eso es muy preocupante cuando autoridades de justicia y de Gobierno, buscan intencionadamente desinformar”.
“Acá hay una intención deliberada por desinformar de parte del subsecretario Arenas y también del ministro Rabat (…) El ministro utilizó los fallos que no eran uniformes, pero les da pretensión de uniformidad”, afirmó.
“En el caso del ministro de Justicia, es particularmente complejo que él no haya entregado información completa, deliberadamente errónea, al Congreso Nacional en la sesión convocada para el efecto de fiscalizar actos del Gobierno”, sostuvo.
Finalmente, advirtió que el Gobierno está privilegiando una interpretación administrativa por sobre la protección de las víctimas.
“Lo que está haciendo es poner por encima la eficiencia y la eficacia de la protección que le tiene que dar a niños, niñas y adolescentes, que sí tiene un mandato legal”, concluyó.