Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.
El Tribunal Constitucional cerró la revisión de la Ley de Reconstrucción, eliminando condiciones para compensar a municipios por exención de contribuciones a viviendas de adultos mayores. Las medidas requerían cumplir requisitos como informar dotaciones, reducir tiempos de tramitación y retener ingresos de patentes comerciales. TC declaró inconstitucional estas condiciones, asegurando compensación sin atarla a metas. Alcaldes valoraron decisión por justicia, pero generó debate sobre financiamiento municipal y la necesidad de una reforma permanente.
El Tribunal Constitucional cerró durante este viernes la revisión de la Ley de Reconstrucción y eliminó una de las condiciones establecidas para compensar a los municipios por los recursos que dejarán de recibir con la exención de contribuciones a la vivienda principal de adultos mayores.
El proyecto establecía que, para acceder íntegramente a esas transferencias, las municipalidades debían cumplir requisitos como informar mensualmente sus dotaciones y remuneraciones y reducir en al menos un 30% los tiempos promedio de tramitación de determinados permisos, tomando como referencia el período entre 2023 y 2025.
Sin embargo, el TC declaró inconstitucional esas condiciones al considerar que no eran compatibles con el carácter redistributivo y solidario del Fondo Común Municipal. Con esto, la compensación deberá operar de manera íntegra y sin quedar condicionada al cumplimiento de esas metas.
La alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla, valoró la resolución y sostuvo que los beneficios para las personas son necesarios, pero que no pueden terminar financiándose dependiendo de los recursos disponibles en cada municipio.
La discusión no es menor para las arcas comunales. Durante la tramitación del proyecto se estimó que la menor recaudación significaría unos 110 mil millones de pesos para el Fondo Común Municipal y otros 80 mil millones que dejarían de ingresar directamente a los municipios.
El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, calificó el resultado del Tribunal Constitucional como un acto de justicia.
El TC también eliminó una norma que permitía que durante 2027 y 2028 determinadas municipalidades retuvieran mayores ingresos provenientes de patentes comerciales y derechos de aseo morosos sin aportarlos al Fondo Común Municipal.
Así, mientras alcaldes valoran que la compensación quede asegurada, el fallo volvió a instalar una discusión más amplia sobre cómo se financian las municipalidades y si el actual sistema requiere una reforma permanente.
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