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Contraloría determinó que la exministra Steinert actuó ilegalmente al solicitar antecedentes a la PDI fuera de sus atribuciones legales, generando interrogantes sobre una eventual acusación constitucional. El Gobierno intentó calmar la polémica, pero su falta de autocrítica fue criticada por la oposición. Parlamentarios ven posible acusación y piden claridad en las responsabilidades.
El Gobierno intentó poner paños fríos al caso Steinert. Habló de un “error”, de una lección para el futuro y de la necesidad de actuar con más cuidado. Pero el dictamen de Contraloría no habló de un simple error administrativo ni de una firma mal puesta. Habló de una exministra que actuó fuera de sus atribuciones legales y que incumplió el deber de abstención.
Pese a ello, la reacción del Ejecutivo ha estado lejos de la autocrítica y más cerca de intentar bajar la temperatura del debate y evadir responsabilidades.
El dictamen contra la exministra de Seguridad, abrió una herida y dejó sobre la mesa una pregunta clave: ¿Será Trinidad Steinert la primera figura del gobierno de José Antonio Kast que enfrente una acusación constitucional?
La idea está instalada y quienes hoy levantan esa posibilidad son precisamente los diputados Raúl Leiva (PS) y Patricio Pinilla (DC), los mismos parlamentarios que recurrieron a Contraloría para pedir un pronunciamiento sobre el caso.
Sin ir más lejos, la bancada del PS ya se encuentra haciendo un análisis político del caso, y los pasos a seguir los decidirán en conjunto con la oposición, especialmente con los miembros de la comisión de seguridad. La definición política final, cuentan, se tomará con los jefes de bancada y presidentes de partidos.
¿Un “error” de Steinert?
La historia comenzó con un documento reservado firmado apenas 48 horas después de que Steinert llegara al Ministerio de Seguridad.
La entonces ministra pidió a la PDI nombres, RUT, destinos actuales, antecedentes disciplinarios y eventuales denuncias de detectives que habían participado en la investigación del denominado “Clan Chen”, una causa por crimen organizado que seguía abierta y que, además, ella conocía bien por su paso como fiscal regional de Tarapacá.
La Contraloría fue clara: esos antecedentes excedían las facultades del Ministerio de Seguridad y podían afectar una investigación penal en curso.
Pero el problema político nunca estuvo únicamente en el oficio. También estuvo en lo que ocurrió después. La entonces número dos de la PDI, la prefecta general Consuelo Peña, respondió el requerimiento de Steinert y poco tiempo después dejó la institución. Antes de eso existió una reunión reservada entre la ministra y el director general de la PDI, Eduardo Cerna.
Cerna negó que aquella conversación estuviera relacionada con la salida de Peña. Sin embargo, tampoco aclaró si Steinert pidió su remoción ni entregó mayores antecedentes sobre el encuentro.
La secuencia fue suficiente para instalar dudas y alimentar las sospechas.
La Contraloría terminó despejando una parte del problema y confirmó lo que ya era un secreto a voces en los pasillos políticos: que la actuación de Steinert sí había cruzado una línea.
Los paños fríos del Gobierno
Quizás el problema más complejo para el Gobierno no es el dictamen en sí mismo, sino la defensa que hizo de la entonces ministra durante semanas. José Antonio Kast la respaldó públicamente, y hasta ahora no asoman autocríticas.
Lo mismo hicieron ministros y parlamentarios oficialistas, que insistieron en que Steinert había actuado dentro de sus facultades y que la polémica respondía a una sobrerreacción política. La Contraloría terminó diciendo exactamente lo contrario.
Por eso ahora las palabras del ministro Claudio Alvarado, intentando bajar el perfil al episodio, generaron ruido:
“Todos los ministros podemos cometer algún tipo de error”, señaló el secretario de Estado, agregando que el Gobierno tomaría el caso como referencia para actuar con más cuidado hacia adelante. “Nosotros la tomamos para hacia adelante tener un actuar más cuidadoso en esta materia”, sostuvo.
La frase cayó mal entre quienes impulsaron la ofensiva ante Contraloría.
Consultado directamente respecto de si existía una autocrítica del Gobierno, Alvarado respondió que el Ejecutivo seguía valorando el trabajo realizado por la exsecretaria de Estado durante su breve paso por el gabinete.
El actual ministro de Seguridad, Martín Arrau, también evitó profundizar en las conclusiones del órgano contralor y optó por destacar la necesidad de respetar los límites institucionales que establece la ley para la nueva cartera.
“En lo personal y lo que se le ha transmitido al equipo es que hay que ser muy cuidadosos, enmarcarnos en el marco normativo, constitucional y legal y mantener el rol de coordinación estratégica que le corresponde a este ministerio”, afirmó.
Sobre la salida de Consuelo Peña de la PDI, se limitó a señalar que “Siempre vamos a apoyar a la institución en las decisiones que tome y como dijo el mismo informe, está ajustado a derecho y efectivamente, se siguieron todos los procedimientos”.
Acusación constitucional y los espacios que mira la oposición
El tono del Gobierno y su nula autocrítica contrasta con la lectura que han hecho algunos parlamentarios que impulsaron los requerimientos ante Contraloría. Y, pese a que se ha cuestionado el uso político de las acusaciones constitucionales, el escenario de hoy resulta diferente: un dictamen del órgano contralor afirmando que una ministra actuó fuera del marco de sus atribuciones legales.
El jefe de bancada del PS, Raúl Leiva, sostuvo hoy que el dictamen constituye un hecho excepcional dentro de la relación entre el órgano contralor y los ministros de Estado.
“Yo no recuerdo que la Contraloría General de la República señale que un ministro de Estado actuó fuera del marco de sus atribuciones, no solo incumpliendo la Constitución”, afirmó en T13 Radio.
El diputado cuestionó además el intento del Ejecutivo de reducir el caso a un error administrativo. “Se habla como si esto fuera una mala firma o una falta en un decreto, pero el propio ministro Alvarado no se hace cargo de la gravedad del problema”, señaló.
Por eso, el parlamentario abrió la puerta a una eventual acusación constitucional, aunque matizó que esa discusión debe considerar tanto los fundamentos jurídicos como el escenario político.
Una postura similar expresó el diputado Patricio Pinilla, otro de los legisladores que recurrió al organismo fiscalizador.
“No basta con que se diga que la ministra ya no está en el cargo. Es necesario un pronunciamiento claro del Gobierno respecto de que se excedieron estas atribuciones y que nunca más un ministro requerirá antecedentes de policías que están investigando delitos”, planteó.
Pinilla advirtió además que el Congreso deberá evaluar si corresponde avanzar en nuevas herramientas de fiscalización política.
“Es razonable analizar una comisión investigadora o incluso una acusación constitucional, porque aquí es la Contraloría la que ha dicho que se infringieron deberes establecidos en la Constitución y las leyes”, señaló.
Steinert: la ministra de los 69 días
Steinert alcanzó a estar apenas 69 días al mando del Ministerio de Seguridad. Su gestión estuvo marcada por polémicas, tensiones con la PDI y una salida anticipada que terminó convirtiéndose en la primera gran crisis política del nuevo ministerio y uno de los episodios más incómodos del inicio del Gobierno de Kast.
Cuando aceptó llegar al Ejecutivo, Steinert llevaba dos años trabajando en el norte y, según distintas versiones, una de sus preocupaciones era contar con cierta estabilidad laboral en caso de abandonar el gabinete.
La pregunta ahora es otra. Después de un dictamen que concluye que actuó fuera de sus atribuciones y que incumplió el deber de abstención, ¿el gobierno podrá responder a la que habría sido una condición de Steinert?
