Por instrucción de la Contraloría General de la República, La Moneda reabrió un sumario administrativo que el gobierno del expresidente Gabriel Boric había dado por concluido, luego de detectarse irregularidades en la entrega de diez pensiones de gracia. Mientras se inician las nuevas diligencias, desde el oficialismo llamaron a no seguir prolongando la controversia y a poner el foco en las víctimas.
El caso de las pensiones de gracia vuelve a ser objeto de revisión. Por orden del ente contralor, el Ejecutivo reabrió un sumario administrativo que había sido sobreseído durante la administración anterior, con el objetivo de determinar eventuales responsabilidades por las irregularidades detectadas en la concesión de diez de estos beneficios.
La decisión se originó tras un oficio de representación emitido por Contraloría, organismo que, al revisar el expediente para su toma de razón, concluyó que el procedimiento disciplinario había sido cerrado de manera improcedente.
En ese contexto, durante la semana pasada fue designada como fiscal Damary Rapaillán, quien encabezará la investigación. Las primeras diligencias comenzarán en los próximos días y podrían incluir la declaración de exfuncionarios y exautoridades de la administración anterior, en caso de que así lo requiera el desarrollo del sumario.
Desde La Moneda, el ministro (s) del Interior, Máximo Pavez, explicó que la investigación buscará establecer las eventuales responsabilidades administrativas de funcionarios de la División de Acción Social del Ministerio del Interior que participaron en la tramitación de estas pensiones.
“Nosotros estamos cumpliendo la orden, que es reabrir el sumario y sustanciarlo como corresponde, y buscar, eventualmente, las sanciones para aquellos funcionarios que entregaron pensiones de gracia en circunstancias que no correspondían, gente sin antecedentes médicos”, detalló.
Paralelamente, el Ejecutivo mantiene en curso la revisión de las 348 pensiones de gracia otorgadas a víctimas del estallido social. Según ha señalado el Gobierno, una vez concluido ese proceso se darán a conocer públicamente sus resultados, junto con las eventuales revocaciones que correspondan.
Dicha revisión ha contado con el respaldo de parlamentarios oficialistas, mediante resoluciones aprobadas por la Cámara de Diputados.
Pensiones de gracia reavivan tensiones entre oficialismo y oposición
Desde la oposición, la diputada republicana Javiera Rodríguez sostuvo que los antecedentes recopilados hasta ahora dan cuenta de un procedimiento irregular, por lo que valoró la decisión de Contraloría de ordenar la reapertura del sumario.
“Ha sido un proceso que se ha hecho de forma irregular, y así lo demostró la Contraloría. Por eso ordenó al Gobierno reabrir estos sumarios, no solamente por la falta de antecedentes, sino también para encontrar responsabilidades dentro del Gobierno, obviamente quienes estuvieron durante el Gobierno anterior”, fustigó.
En contraste, desde el oficialismo advirtieron que continuar cuestionando de manera generalizada las pensiones de gracia puede afectar a quienes efectivamente fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos.
La diputada del Frente Amplio, Gael Yeomans, llamó a no extender el debate y pidió dar por superado este episodio, poniendo el foco en las personas que recibieron legítimamente el beneficio.
“El daño que causan con este tipo de cuestionamientos es muy grande en personas que ni siquiera una pensión va a poder reparar el daño tremendo que van a tener de por vida y que les causó el Estado mediante una acción violenta”, criticó.
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