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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La bancada de diputados del Partido Comunista ingresó un proyecto para derogar parte de la Ley Nain-Retamal, que modificó la presunción de legítima defensa para policías y gendarmes, y la redacción del delito de apremios ilegítimos. La iniciativa busca eliminar disposiciones que establecen esta presunción legal y restablecer una redacción anterior sobre apremios ilegítimos. Se propone reemplazar el artículo 150D del Código Penal y argumenta que no restringe la legítima defensa, sino que busca eliminar un estatuto excepcional.

Este martes, la bancada de diputados del Partido Comunista (PC) ingresó un proyecto para derogar parte de la Ley Naín-Retamal, con el fin de modificar algunos de los artículos de la normativa, entre ellos la presunción de legítima defensa para policías y gendarmes, además de restituir una redacción anterior del delito de apremios ilegítimos.

Recordemos que la Ley n.º 21.560 introdujo una serie de modificaciones a distintos cuerpos legales con el objetivo de fortalecer y proteger el ejercicio de la función policial.

De acuerdo con el documento al que tuvo acceso BioBioChile, la iniciativa, presentada por la diputada Lorena Pizarro, propone derogar las disposiciones que establecen la presunción legal de legítima defensa.

Asimismo, busca restablecer una redacción previa de la figura de apremios ilegítimos.

El proyecto consta de tres artículos. Uno de ellos establece:

“Reemplácese el artículo 150 D del Código Penal por el siguiente: “El empleado público que, abusando de su cargo o sus funciones, aplicare, ordenare o consintiere en que se apliquen apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, que no alcancen a constituir tortura, será castigado con la pena de presidio menor en su grado máximo y la accesoria correspondiente. Igual sanción se impondrá al empleado público que, conociendo de la ocurrencia de estas conductas, no impidiere o no hiciere cesar la aplicación de los apremios o de los otros tratos, teniendo la facultad o autoridad necesaria para ello o estando en posición para hacerlo”.

En sus fundamentos, la propuesta señala que “la iniciativa no elimina ni restringe la legítima defensa consagrada en el ordenamiento jurídico chileno”.

“Sino que restablece el régimen general aplicable a todas las personas, eliminando un estatuto excepcional que altera los principios de igualdad ante la ley, responsabilidad penal individual y control jurisdiccional efectivo del uso de la fuerza”, explica el escrito del PC.

Revisa el proyecto aquí: