No es únicamente una discusión sobre cifras, sino también de decisiones políticas. La posición del Gobierno de solicitar al Congreso autorización para elevar en US$6.200 millones el límite de endeudamiento del país abrió una compleja discusión que amenaza con transformarse en uno de los principales debates económicos del año.
La iniciativa, ingresada con suma urgencia, busca aumentar el límite total de deuda autorizado para 2026 desde los US$18.000 millones establecidos originalmente en la Ley de Presupuestos hasta US$24.200 millones.
La explicación entregada por el Ejecutivo es que el escenario fiscal cambió respecto de las estimaciones realizadas al elaborar el Presupuesto. De hecho, una minuta preparada para la discusión en la Comisión de Hacienda señala que el Presupuesto 2026 “quedó corto: se sobreestimaron ingresos y se subestimaron gastos”.
Sin embargo, el proyecto abrió una serie de interrogantes entre parlamentarios del Partido de la Gente (PDG) y de distintos sectores de oposición, quienes preparan una extensa lista de consultas destinadas a aclarar el origen del déficit, la composición de la deuda flotante, el costo financiero de la operación y las alternativas que tenía el Estado antes de recurrir nuevamente al mercado.
Según información recabada por Radio Bío Bío, uno de quienes ha estado siguiendo y analizando los distintos escenarios es el fundador del PDG, Franco Parisi.
El deterioro de las cuentas fiscales
Uno de los antecedentes que acompañan la discusión es el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre, donde se evidenció un deterioro de las cuentas fiscales.
La minuta preparada para la sesión señala que “el Informe de Finanzas Públicas del 1.er trimestre detectó sobreestimación de ingresos y subestimación de gastos: déficit efectivo de 2,4% del PIB (vs. 1,5%), equivalente a $8,7 billones”.
Ese cambio obligó al Ejecutivo a solicitar una autorización extraordinaria para financiar la diferencia. La preocupación, sin embargo, no se limita al monto. La misma minuta advierte que “la deuda bruta pasaría de 41,3% (proyectado) a 44,8% del PIB, al borde del techo prudencial de 45%, que se cruzaría en 2027”.
El porcentaje no es una cifra cualquiera
Corresponde al límite “prudencial” recomendado por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), organismo autónomo no vinculante, que ha insistido en la necesidad de preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas.
De hecho, los participantes de las reuniones concuerdan en que el Consejo Fiscal Autónomo “recomienda no superar el 45% del PIB y fue citado a la Comisión; su presidenta pidió con urgencia equilibrar la deuda”.
De hecho, dentro del debate que se ha ido plasmando en los borradores de preguntas que se hacen los parlamentarios de la comisión de Hacienda de la Cámara Baja, señalan que uno de los aspectos que más inquietud genera tiene relación con el costo financiero de la operación.
Es así que se advierte que “el verdadero costo de este proyecto no es solo el monto que se pide prestado, sino los intereses que pagarán los contribuyentes durante años”.
Agregan que “si hoy Chile se financia cerca de 4,56% en dólares, cada aumento de la deuda implica mayores pagos futuros y, además, puede elevar el riesgo soberano, encareciendo el financiamiento”.
El escenario ocurre, además, con una inflación que pasó desde 2,8% a 4% y con una Tasa de Política Monetaria ubicada en 4,5%.
En ese contexto, una de las consultas preparadas por los diputados apunta directamente al costo total de la operación.
“¿Cuál es la estimación del costo total en intereses asociado a este mayor endeudamiento durante toda la vida de los instrumentos que se emitirán, y cómo impactará dicho costo en el espacio fiscal disponible para financiar gasto social e inversión pública en los próximos años?”, plantea una de las preguntas.
Los US$1.500 millones destinados a proveedores
De los recursos solicitados, US$6.200 millones, US$1.500 millones están destinados al pago de obligaciones pendientes con proveedores del Estado, muchas de ellas correspondientes a pequeñas y medianas empresas, es decir, Pymes.
Precisamente por ello, uno de los focos de las consultas apunta al mecanismo de distribución de esos recursos, al sostener que “considerando que parte relevante de los recursos solicitados se destinaría al pago de obligaciones pendientes con proveedores, especialmente pequeñas y medianas empresas, ¿cuál es el cronograma específico de pago de los aproximadamente US$1.500 millones comprometidos?”, se indicó por parte de una de las fuentes que ha participado en el análisis.
De hecho la interrogante añade: “¿Qué criterios de priorización utilizará el Ejecutivo para asegurar que estos recursos lleguen oportunamente a las PYMES que enfrentan mayores restricciones de liquidez?”.
La conclusión final sostiene que esos recursos corresponden al pago de deuda flotante heredada, pero precisamente uno de los aspectos que buscan despejar los diputados es la composición de esas obligaciones.
Por ello, se solicitará a la Dirección de Presupuestos entregar “el listado desagregado de las obligaciones que componen los US$1.500 millones de presunta deuda flotante ‘heredada’, detallando antigüedad, servicio de origen y si fueron devengadas antes o después del 11 de marzo de 2026”.
La trazabilidad del déficit
Otro de los puntos sensibles corresponde al origen del desbalance fiscal.
En una minuta a la que tuvo acceso Radio Bío Bío se propone solicitar a la Dirección de Presupuestos “desagregar de manera verificable los US$3.800 millones por mayor déficit, distinguiendo entre presuntos gastos heredados y gastos nuevos adoptados desde el 11 de marzo de 2026”.
La intención es determinar qué parte del déficit corresponde efectivamente a compromisos recibidos por la actual administración y cuánto obedece a decisiones adoptadas durante los primeros meses de gestión.
En paralelo, los parlamentarios pretenden conocer el detalle de los US$900 millones atribuidos al efecto del tipo de cambio.
La minuta pide “presentar el cálculo detallado de los US$900 millones por efecto tipo de cambio, indicando sobre cuál supuesto de tipo de cambio se calcula la brecha”.
¿Por qué emitir deuda y no usar los activos del Tesoro?
Una de las dudas más profundas apunta a la estrategia financiera escogida por Hacienda.
La minuta plantea que se debe solicitar al Ministerio “fundamentar metodológicamente por qué se optó por emitir deuda de largo plazo para cubrir obligaciones de deuda flotante y no cubrirlas con manejo de caja o liquidación de activos”.
Asimismo, se pedirá informar el nivel de caja del Tesoro en distintas fechas del presente año y explicar “por qué los activos del Tesoro proyectados en 3,7% del PIB no constituyen una fuente alternativa para cubrir las obligaciones de corto plazo invocadas”.
Las preguntas incluso alcanzan a Corfo ya que los parlamentarios buscarán conocer la composición y liquidez de los activos financieros de la corporación y si estos fueron considerados como una alternativa antes de incrementar el endeudamiento.
El aumento del stock de deuda
Otro capítulo apunta a la estructura de las futuras emisiones. La oposición y el PDG solicitarán conocer la distribución proyectada entre deuda en pesos y deuda en dólares, además de los escenarios de sensibilidad ante variaciones del tipo de cambio.
También se busca establecer cuánto aumentará el gasto en intereses entre 2026 y 2030 y cuál será el impacto sobre la clasificación de riesgo soberano.
La preocupación se explica porque, de acuerdo con la propia minuta de los diputados, el país quedaría “al borde del techo prudencial de 45%”.
Las metas fiscales bajo la lupa
Uno de los cuestionamientos más relevantes apunta a la consistencia entre el proyecto y las proyecciones fiscales de largo plazo.
Los parlamentarios del PDG y algunos de oposición acordaron en las últimas horas solicitar al Ministerio de Hacienda “precisar cuáles serán las metas de balance estructural y deuda del Decreto de Política Fiscal y explicar cómo dichas metas se reconcilian con la proyección del propio IFP 1T26, que muestra un déficit estructural de -1,8% del PIB en 2030 y una deuda de 46,5% del PIB”.
La inquietud radica en que, según esas proyecciones, el país superaría el ancla de 45% durante tres años consecutivos.
La lista de consultas incorpora un último punto que promete abrir una nueva discusión. Los parlamentarios pretenden que Hacienda explique por qué el costo asociado a la rebaja del impuesto corporativo no aparece reflejado en los antecedentes que justifican el mayor endeudamiento.
La pregunta apunta directamente a “cómo es compatible solicitar US$6.200 millones adicionales mientras se impulsa una reforma que agrava la misma brecha fiscal invocada como justificación”.
Desde ya, según fuentes consultadas, lo que se buscará en la Cámara es aclarar dónde irá cada peso asociado a este aumento del endeudamiento, más allá de la justificación general.
Por esa razón, tanto la posición de Hacienda como la de la Dirección de Presupuestos serán claves para viabilizar la aprobación o, en su defecto, determinar si se trata de un intento por parchear efectos derivados de las actuales políticas, incluida la megareforma del gobierno de José Antonio Kast, que podrían estar impactando las finanzas públicas una vez que sea aprobada y puesta en marcha.
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