La continuidad de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, parece pender de un hilo cada vez más delgado en La Moneda. Y ese hilo tiene nombre: Contraloría.
Mientras en Palacio crecen las dudas sobre la capacidad política de la exfiscal para sostenerse en el gabinete del presidente José Antonio Kast, en el oficialismo reconocen que un eventual informe adverso del ente fiscalizador podría transformarse en la salida institucional perfecta para concretar un relevo sin abrir una crisis interna mayor.
La presión sobre Steinert no solo proviene de la oposición. También se ha instalado en los pasillos del Ejecutivo tras semanas marcadas por cuestionamientos a la ausencia de un plan de seguridad claro, problemas comunicacionales y la controversia por la remoción de la exsubdirectora de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña.
Fue precisamente ese episodio el que terminó escalando hasta la Contraloría General de la República. El organismo ofició al Ministerio de Seguridad y a la PDI, otorgándoles un plazo de 10 días para explicar las razones detrás de un documento enviado por Steinert el 13 de marzo, apenas 48 horas después de asumir el cargo, donde solicitaba antecedentes detallados sobre funcionarios vinculados al denominado caso “Clan Chen” en Tarapacá.
La polémica se originó luego de que antecedentes revelados por Radio Bío Bío apuntaran a que la ministra habría solicitado personalmente la salida de Peña, en medio de un conflicto previo arrastrado desde la época en que Steinert ejercía como fiscal regional.
Un ministerio sin plan y una ministra debilitada
Desde entonces, la defensa del Gobierno ha sido cerrar filas. Kast sostuvo públicamente que la salida de Peña fue una decisión institucional adoptada por el director general de la PDI, Eduardo Cerna, descartando una instrucción directa desde el Ejecutivo.
Pero el problema político ya estaba instalado.
En La Moneda admiten que la ministra nunca logró consolidar autoridad política en una cartera que, paradójicamente, era uno de los pilares discursivos de la campaña republicana. Durante meses, el entonces candidato Kast presentó sucesivos anuncios bajo nombres como “Plan Escudo Fronterizo”, “Plan Escudo en Ruta” o “Plan Renace”, instalando la idea de una estrategia robusta en materia de seguridad.
Sin embargo, a casi tres meses de iniciado el gobierno, aún no existe un plan integral formalizado desde el Ministerio de Seguridad.
Ese vacío ha comenzado a tensionar al oficialismo, especialmente porque contrasta con el despliegue del denominado “Plan de Reconstrucción Nacional”, impulsado desde otras áreas del gabinete.
En ese contexto, la accidentada presentación de Steinert en la sesión especial de la Cámara de Diputadas y Diputados terminó por profundizar las dudas internas. Parlamentarios y sectores del oficialismo cuestionaron su desempeño, apuntando a dificultades para defender la gestión de la cartera y transmitir conducción política.
Las críticas no solo apuntan a la ministra. En el propio oficialismo, algunos reconocen que el problema comenzó incluso antes de asumir el gobierno, cuando todavía no existía claridad respecto de quién encabezaría el nuevo Ministerio de Seguridad.
El informe que podría abrir la puerta de salida de Steinert
Pese a ello, el presidente ha mantenido públicamente el respaldo a su ministra, apelando a la lealtad con sus colaboradores. Sin embargo, en el entorno del Ejecutivo reconocen que un pronunciamiento negativo de Contraloría podría cambiar completamente el escenario.
Y es ahí donde el informe del organismo fiscalizador comenzó a ser observado como la llave política que permitiría resolver un problema que el Gobierno no ha logrado encauzar por sí solo.
Según reconocen distintas voces oficialistas, una eventual determinación de Contraloría respecto de una posible extralimitación de funciones en el oficio enviado por Steinert podría habilitar una salida “menos traumática” para el Ejecutivo, evitando un choque directo con sectores del Partido Republicano que promovieron su nombramiento.
De hecho, el nombre de la exfiscal habría sido impulsado principalmente por el presidente republicano Arturo Squella y el senador Renzo Trisotti, lo que agrega un componente político adicional a cualquier eventual movimiento en el gabinete.
Por ahora, oficialmente nadie habla de reemplazos. Pero en Palacio ya asumen que el futuro de Steinert parece estar atado menos a su gestión que a lo que determine Contraloría, algo que podría conocerse esta jornada.
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