El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, se refirió al proyecto que regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad para internos con enfermedades crónicas, discapacidad o que tengan una edad mínima de 70 años. La autoridad manifestó su contundente rechazo a la iniciativa que el Senado aprobó en general.
La Cámara Alta aprobó el proyecto con 23 votos a favor y 22 en contra; además, estableció un plazo hasta el 16 de marzo para presentar indicaciones a la iniciativa.
“Hoy es un día negro para la democracia, para la protección de los derechos humanos, para la persecución penal en nuestro país”, subrayó el ministro Gajardo. Asimismo, el secretario de Estado enfatizó que el proyecto aprobado hoy en el Senado representa un retroceso en materia de justicia.
Explicó que “lamentablemente, el proyecto que se ha aprobado en general hoy en este Senado es un proyecto que va en contra de lo que ha hecho nuestro país en las últimas décadas en materia de derechos humanos, en contra de lo que ha hecho nuestro país en las últimas décadas en materia de persecución penal”.
Ministro Gajardo advierte graves consecuencias
Gajardo fue enfático al señalar que la iniciativa “es contrario a los tratados internacionales en materia de derechos humanos y vuelve a victimizar a los familiares de las miles de personas que fueron víctimas de la dictadura militar“.
Del mismo modo, el secretario de Estado subrayó que el proyecto “pone en grave peligro la seguridad de nuestra sociedad, porque va a permitir que criminales peligrosos, no solo aquellos que han cometido los crímenes más graves que conoce la legislación nacional e internacional, que son los crímenes de lesa humanidad, sino también los crímenes más graves como los delitos de homicidio, parricidio, femicidio, violación y abusos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes, conmuten su pena y salgan, permaneciendo en prisión domiciliaria“.
Advirtió también que esto podría beneficiar a más de 12 mil criminales peligrosos.
Postura del Ejecutivo frente a proyecto aprobado en el Senado
En la misma línea, el ministro agregó que desde el Gobierno no entienden las razones de la Cámara Alta para aprobar la iniciativa. “Va en contra de lo que hemos hecho, no solo en este gobierno, sino también en gobiernos anteriores. Realmente no tiene ningún sentido haberlo aprobado“, manifestó con evidente malestar.
Cabe recordar que la iniciativa tuvo su origen en una moción de los senadores Francisco Chahuán, Luz Ebensperger, Luciano Cruz-Coke, Alejandro Kusanovic y Carlos Kuschel.
Los defensores del proyecto señalaron que no se busca impunidad, ya que no se extinguen las penas ni se anulan las condenas, sino que se busca establecer un régimen que permita el cumplimiento de una pena privativa de libertad mediante reclusión domiciliaria total, en circunstancias específicas como enfermedades graves o edad avanzada.
En tanto, quienes se mostraron en contra durante el debate, señalaron que este proyecto contiene requisitos laxos, que dejarían la puerta abierta a la impunidad para que condenados por delitos de lesa humanidad y delitos con pena de crimen sean beneficiados, tal como lo planteó el ministro Gajardo.
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