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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

Contraloría aprueba norma que obliga a aerolíneas a entregar información de pasajeros a policías y Fiscalía. Ley N°21.792 modifica el Código Aeronáutico, exigiendo a compañías aéreas enviar datos detallados de pasajeros a PDI, Carabineros y Fiscalía. Medida busca fortalecer seguridad estatal y cooperación internacional. Gobierno afirma que norma refuerza obligaciones existentes, como revisión de documentación de viajeros al embarcar. Contexto de sanciones relevantes, como multa a JetSmart por no reportar datos a PDI.

La Contraloría General de la República tomó razón del decreto promulgatorio de la Ley N°21.792, normativa que modifica el Código Aeronáutico y que obliga a las aerolíneas a entregar información detallada de sus pasajeros a las policías y al Ministerio Público.

Según lo establecido en la nueva ley, una vez finalizado el proceso de embarque, las empresas aéreas deberán remitir a la Policía de Investigaciones (PDI), Carabineros y la Fiscalía la información anticipada de pasajeros, además del registro de nombres, destinos y otros antecedentes relevantes de quienes transportan, transportarán o hayan transportado.

De acuerdo al organismo, la medida busca fortalecer las capacidades del Estado para detectar y detener a personas consideradas peligrosas, prevenir la evasión de la justicia y mejorar la cooperación internacional en materias de seguridad y persecución penal.

Desde el Gobierno se ha señalado que esta normativa viene a reforzar obligaciones que ya existían para las aerolíneas, como el reporte de los listados de pasajeros que ingresan o salen del país. A ello se suma la exigencia de revisar la documentación de los viajeros al momento del embarque, con el fin de evitar irregularidades.

El endurecimiento de las exigencias ocurre en un contexto donde ya se han aplicado sanciones relevantes. Un ejemplo de ello se registró en septiembre pasado, cuando el Servicio Nacional de Migraciones multó a JetSmart con más de $581 millones, tras constatar que en seis vuelos —con un total de 839 pasajeros— la compañía no remitió oportunamente los datos requeridos a la PDI.

En esa ocasión, la aerolínea sostuvo que recurriría a la sanción, argumentando que “no resulta procedente”, postura que ahora vuelve a cobrar relevancia ante la entrada en vigencia de esta nueva obligación legal.