El abogado Juan Carlos Manríquez, quien representa a la familia del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, se refirió a la opción de que la Fiscalía solicite una declaración de Nicolás Maduro.
Recordemos que lo anterior fue dicho durante esta jornada por el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, quien está a cargo del caso, en conversación con Cooperativa.
En ese contexto, el persecutor dijo que entre las líneas investigativas propuestas está acudir a la Corte Penal Internacional y “por qué no, también, solicitar la toma de declaración de él (Nicolás Maduro), si está en condiciones de cooperar con nuestra investigación”. Esto, tras su detención por parte de Estados Unidos.
“Me parece perfectamente viable porque tanto la familia Ojeda es víctima de delitos de lesa humanidad inmersos en Venezuela, que están ante la Corte Penal Internacional, como víctimas de un delito común, el secuestro con homicidio ejecutado en Chile y, a su vez, este fuera llevado a cabo por una célula del Tren de Aragua que, según las acusaciones en Estados Unidos, forma parte de los tentáculos del aparato organizado de poder criminal que estaría siendo dirigido desde Venezuela por encargos políticos de eliminación de opositores con financiamiento de esa misma estructura”, dijo el abogado.
Ante los nuevos antecedentes sobre el líder del régimen en Venezuela, Manríquez indicó que “a propósito del encargo criminal que llevó al secuestro y asesinato del teniente Ronald Ojeda, confirman el marco conceptual de la acusación presentada en Chile, confirman a su vez la acusación que presentó la familia del teniente Ojeda antes que Chile, Uruguay, Argentina o Ecuador, ante la Corte Penal Internacional”.
“Confirman a su vez las mismas cuestiones que están diciendo las dos acusaciones presentadas en Nueva York, tanto la primera como la segunda dan cuenta de nexos y lazos de una asociación criminal, de un aparato organizado de poder, financiado como consecuencia de una serie de delitos internacionales para amenazar, aterrorizar, ubicar, secuestrar y/o eliminar eventualmente opositores políticos fuera de la frontera del Estado mandante”, complementó.
Agregando que para la familia Ojeda “estos antecedentes refuerzan lo que dijeron desde el primer minuto: que se trató de un crimen por encargo. Refuerzan a su vez la necesidad, como me lo han pedido, de volver a solicitar ante la Corte Penal Internacional las órdenes de arresto para las personas que falta detener”.
“Y en segundo lugar, comparecer como víctimas directas al amparo de la Convención contra el Crimen Organizado, los protocolos de Palermo, uno y dos, ante la justicia de Nueva York, de los cuales Estados Unidos y Chile son partes signatarias”, cerró.
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