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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La Contraloría General de la República estableció un plazo para que el gobierno entregue información sobre el financiamiento de la defensa del exministro de Energía, Diego Pardow, en el marco de una acusación constitucional en su contra. Tras una solicitud de diputados de la UDI, se exige al Ejecutivo un informe detallado en un plazo de 10 días hábiles, para determinar si es correcto que el Estado financie la defensa legal de Pardow, quien ya no ejerce como funcionario público.

La Contraloría General de la República (CGR) fijó un plazo y exigió al gobierno que informe sobre el financiamiento de la defensa del exministro de Energía, Diego Pardow, en el marco de una acusación constitucional en su contra.

Recordemos que fue desde el mismo Ejecutivo que, destacando que la responsabilidad política ya se asumió en el caso, se confirmó que se le dará apoyo jurídico. “No se trata de un tema personal”, dijo previamente la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos.

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Ahora, tras un oficio de los diputados Henry Leal y Cristhian Moreira (UDI), el órgano contralor se refirió al respecto. “Se sirva informar a este organismo de control, en el plazo de 10 días hábiles administrativos, contados desde la total tramitación del presente oficio, respecto a lo expuesto por el recurrente”, se indica en el documento.

Agregando que “dicho informe deberá ser preparado con intervención de la Asesoría Jurídica o abogado de esa entidad, a menos que el asunto planteado sea ajeno a la aplicación o interpretación de normas jurídicas o reglamentarias o que ese organismo no cuente con ese profesional. Además, deben remitirse todos los antecedentes necesarios para resolver adecuadamente la presentación de que se trata”.

Si bien los hechos por los cuales se acusa a Pardow (errores en cuentas de la luz) ocurrieron durante su gestión en el Ministerio de Energía, ambos parlamentarios solicitaron al organismo poder aclarar si corresponde o no que su defensa sea financiada con recursos públicos, considerando que ya renunció a su cargo.