El proyecto de Sala Cuna Universal fue aprobado este miércoles en la Cámara de Diputados, con 132 a favor, 12 abstenciones y ninguno en contra, tras una sesión en la que la mayoría de los parlamentarios destacó el impacto positivo que tendría para las familias, aunque persisten los reparos respecto de su financiamiento.
La iniciativa, que se encontraba en su segundo trámite constitucional, busca garantizar que todas las familias trabajadoras puedan acceder a sala cuna para los niños bajo su cuidado, sin importar el tamaño de la empresa en la que se desempeñen o si trabajan de manera independiente.
Durante la discusión, uno de los aspectos que concentró mayores roces fue su financiamiento. Algunos diputados advirtieron que este mecanismo podría terminar convirtiéndose en una modalidad de acceso y no en un derecho propiamente tal, además de cuestionar que no resguardaría el bolsillo de quienes se verían beneficiados.
En contraparte, otros parlamentarios defendieron la fórmula de financiamiento propuesta y manifestaron su conformidad con los mecanismos contemplados en el proyecto.
Otro de los puntos abordados fue el artículo 203 del Código del Trabajo, que establece la obligación de las empresas con 20 o más trabajadoras de proporcionar sala cuna. Al respecto, varios coincidieron en la necesidad de modificar esta disposición para avanzar hacia un sistema más amplio e inclusivo.
Pese a las diferencias en torno al financiamiento, una amplia mayoría coincidió en que el proyecto representa una oportunidad para superar las actuales limitaciones del sistema y avanzar hacia un acceso más universal a la sala cuna.
De esta manera, la iniciativa pasó a su tercer trámite constitucional en el Senado, donde continuará su camino antes de su posible aprobación definitiva.
El debate del derecho o acceso y su financiamiento
La discusión estuvo marcada, en su mayoría, por intervenciones a favor de la iniciativa, destacando que permitirá responder a una de las principales preocupaciones que enfrentan muchas mujeres al momento de trabajar: con quién dejar a sus hijos.
Una de ellas fue la diputada del Frente Amplio (FA), Gael Yeomans, quien sostuvo que el proyecto terminará con la discriminación laboral a las mujeres. En ese sentido, aseguró que muchas empresas evitan contratar más de 19 trabajadoras porque “a las 21 les sale más caro”.
Pese a valorar la iniciativa, llamó al Congreso y al Gobierno a introducir las modificaciones que sean necesarias para garantizar que cumpla su objetivo de “llegar de forma universal”.
“Se dejó excluido del Fondo de Sala Cuna a la red pública, porque la ley de Presupuestos le está restando el financiamiento necesario a la Junji, a VTF y a Integra. Esos elementos son los que dañan sobre todo a las trabajadoras que no tienen otras alternativas”, advirtió.
Asimismo, cuestionó el mecanismo de financiamiento, que contempla recursos provenientes del Seguro de Cesantía de los trabajadores y el copago. A su juicio, esto significa que “todo viene del bolsillo de los trabajadores”, acusando que la iniciativa no garantizará un derecho, sino que únicamente el acceso.
En contraste, el diputado Tomás Kast (Evópoli) manifestó su respaldo, argumentando que muchas mujeres, incluso después de conseguir empleo, deben enfrentarse a la incertidumbre de quién cuidará a sus hijos. Por ello, sostuvo que es importante apoyar a las familias, especialmente a las más vulnerables.
“Con la Sala Cuna Universal podemos cambiar esa realidad, podemos ampliar el acceso, reconocer el cuidado y también es responsabilidad de los padres y de quienes tienen legalmente a su cargo a un/a niño/niña. Pensemos en ese hijo. Una buena sala cuna es el lugar donde puede jugar, aprender y sentirse seguro mientras su familia trabaja”, señaló.
Respecto del financiamiento, valoró que “el Gobierno proponga destinar un 0,3% mediante la redistribución de las cotizaciones del seguro de cesantía, sin recargar a los empleadores con una nueva cotización”. En esa línea, sostuvo que “las familias necesitan un beneficio sostenible en el tiempo”.
Luego, las críticas al mecanismo de financiamiento continuaron en sala. El diputado comunista Luis Cuello coincidió con los reparos planteados por Yeomans respecto de que la iniciativa garantizaría el acceso, pero no necesariamente el derecho a sala cuna, acusando que existe letra chica.
“¿Quién es titular del derecho a Sala Cuna? Cualquier persona respondería que es un derecho de los niños. Parece evidente, pero el Gobierno piensa distinto”, comenzó planteando.
“El Gobierno propone financiar Sala Cuna con el seguro de desempleo. Es decir, con la plata de las trabajadoras, liberar el bolsillo de las grandes empresas y establecer el copago”, cuestionó.
Además, aludió al ministro del Trabajo, asegurando que habría reconocido la posibilidad de crear cadenas privadas de salas cuna financiadas con recursos del Seguro de Cesantía de las personas, lo que, a su juicio, dejaría en segundo plano el derecho de los niños.
“No seremos cómplices del lucro en la educación parvularia. Sala Cuna Universal para niños y niñas de Chile, que reconozca el derecho de la educación desde la primera infancia, pero sin letra chica”, culminó.
En la misma línea, la diputada Tamara Ramírez (PDG) quien apoyó el proyecto pero manifestó su preocupación por utilizar el Seguro de Cesantía para financiar la iniciativa. “Ministro, le pido que haga un esfuerzo más y considere las propuestas de todos que han pedido resguardar este seguro”.
No obstante, las críticas al mecanismo no fueron transversales. La diputada Francesca Muñoz, del Partido Cristiano de Chile, respaldó la iniciativa y destacó que se trabajó en una fórmula de financiamiento que calificó como “responsable y equilibrada”.
“Que permitiera generar consensos, resguardar la sostenibilidad del sistema y evitar aumentar los costos de contratación, porque los grandes avances también requieren responsabilidad y acuerdos”, sostuvo, antes de anunciar su voto a favor.
A estos argumentos se sumó el diputado Stephan Schubert (REP), quien destacó el mecanismo propuesto por el Ejecutivo y afirmó que “aquí ha surgido una solución que me parece brillante. Resuelve un problema muy complejo sin significar un mayor gasto para el fisco y ni un mayor gasto para el empleador. Es una solución que creo que tenemos que aplaudir”.
Asimismo, defendió que el mecanismo no representa un perjuicio para los recursos del Seguro de Cesantía, sino que corresponde a “una contribución que el trabajador hace”.
“Un 0,3% va a ir destinado a otro fondo distinto. Eso afecta un 0,15% a la cuenta individual y un 0,15% a la cuenta solidaria. El impacto existe, pero es muy menor y se resuelve un problema muy complejo”, explicó.
Schneider critica a ministra de Educación y acusa “mano dura para trabajadores, guante blanco para grandes empresas”
El debate también estuvo marcado por un reproche a la ministra de Educación. La diputada Emilia Schneider (FA) cuestionó su ausencia durante la discusión y afirmó que su falta de participación se ha extendido durante todo el año. Además, criticó al Gobierno por, según acusó, dejar sin financiamiento a la educación en el Presupuesto 2027.
La parlamentaria sostuvo que anteriormente el sistema castigaba a las mujeres, mientras que ahora se castiga “a todos y todas por igual”.
En ese contexto, acusó que el Ejecutivo mantiene “mano dura para los trabajadores, guante blanco para las grandes empresas”. Pese a sus cuestionamientos, Schneider anunció que votaría a favor de la iniciativa.
El compromiso de disminuir el copago: Manouchehri (PS) le responde
Antes de la votación de la iniciativa, diversos diputados y diputadas se acercaron para solicitar una rebaja en el porcentaje del copago. Ante esto, el ministro secretario general de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, manifestó la disposición del Ejecutivo a evaluar la petición, aunque pidió que el proyecto avance en su tramitación y salga del Congreso.
“Lo vamos a hacer en el primer proyecto de ley de carácter misceláneo que tengamos que presentar de aquí a fines de año. Ese es nuestro compromiso, es palabra del Ejecutivo”, aseguró.
La respuesta generó reparos en el diputado Daniel Manouchehri (PS), quien cuestionó la posibilidad de alcanzar un compromiso únicamente de palabra.
“No podemos hacer acuerdos así verbales con ministros que ni siquiera sabemos si van a llegar a fin de año”, sostuvo.
Pese a los desacuerdos, los roces y la controversia en torno a su financiamiento, el proyecto de Sala Cuna Universal dio un nuevo paso en el Congreso y avanzó desde la Cámara al Senado.
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