Las últimas cifras del INE volvieron a encender las alarmas. El desempleo alcanzó un 9,8% en el trimestre julio-septiembre de 2026, confirmando el deterioro de nuestro mercado laboral. Detrás de esa cifra hay personas que llevan meses buscando trabajo, familias con dificultades económicas y la frustración de quienes no encuentran oportunidades. El desempleo no es solamente un problema macroeconómico: tiene una dimensión humana que muchas veces perdemos de vista.
El propio Gobierno ha reconocido esta situación como una emergencia laboral. En mayo, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, convocó a una Mesa de Reactivación Laboral, presidida por el economista David Bravo. Su informe final, entregado a fines de junio, contiene 22 propuestas sobre empleo femenino, capacitación, formalidad y modificaciones a nuestra legislación laboral.
La iniciativa fue oportuna y su diagnóstico necesario. Sin embargo, más de cuatro meses después, el desempleo continúa aumentando y buena parte de sus recomendaciones siguen pendientes. Entendemos que las reformas requieren acuerdos políticos y tiempos legislativos, pero estamos frente a una emergencia que exige respuestas concretas. El desempleo no puede esperar.
El Gobierno ha impulsado una agenda económica para recuperar el crecimiento, incentivar la inversión y remover obstáculos regulatorios, particularmente mediante el Plan de Reconstrucción Nacional. Es una orientación necesaria, porque sin crecimiento difícilmente habrá más empleo. Pero debe ir acompañada de reformas laborales que permitan traducir ese crecimiento en nuevas contrataciones.
Durante los últimos años hemos acumulado sucesivas reformas laborales, muchas de ellas legítimas en sus objetivos, pero cuyos efectos conjuntos sobre el empleo no fueron suficientemente considerados. El incremento sostenido del salario mínimo, la reducción de jornada a 40 horas, la reforma previsional y las mayores exigencias regulatorias han elevado los costos de contratación, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.
Por eso resulta relevante que la Mesa proponga revisar rigideces de nuestra legislación: ampliar el período para calcular el promedio de la jornada ordinaria y distribuir mejor las horas de trabajo; fortalecer la polifuncionalidad mediante una modificación al artículo 10 del Código del Trabajo; y revisar la causal de necesidades de la empresa del artículo 161, otorgando mayor certeza a las reorganizaciones empresariales.
También plantea evaluar el reemplazo gradual de la indemnización por años de servicio por una indemnización a todo evento, financiada mediante una cotización adicional al Seguro de Cesantía. Es una reforma compleja, pero abre una discusión necesaria sobre cómo proteger a los trabajadores sin que los costos asociados al término de una relación laboral desincentiven la contratación.
Otra materia es la creciente judicialización laboral. Los tribunales enfrentan una importante sobrecarga, con juicios que pueden demorar hasta dos años. La Mesa propone estudiar este fenómeno y evaluar mecanismos alternativos de solución de controversias. La certeza jurídica también exige resolver oportunamente los conflictos, algo que difícilmente se consigue solo creando más tribunales.
A ello se suma otra preocupación: algunas empresas han dejado de percibir a Chile como un país amigable para contratar y emprender. Resulta llamativo escuchar comparaciones con Argentina o Brasil, tradicionalmente considerados más complejos en materia laboral y hoy vistos, en determinados aspectos, como alternativas más atractivas. Estas percepciones debieran preocuparnos, porque competimos por inversiones, proyectos y oportunidades de empleo.
Modernizar nuestra legislación no significa desproteger a los trabajadores. Se trata de equilibrar la protección de sus derechos con la necesidad de incentivar la contratación, considerando también a quienes hoy están fuera del mercado laboral.
Es positivo de este modo que el Congreso avance en el proyecto de Sala Cuna Universal, necesario para reducir barreras a la contratación femenina. También que ya se han anunciado iniciativas sobre adaptabilidad de jornada y capacitación. Con todo. Si bien son avances, resultan todavía insuficientes frente a la magnitud del problema.
El informe de la Mesa ofrecía una agenda concreta. No todas las propuestas deben implementarse simultáneamente ni en sus términos originales, pero tampoco pueden quedar sujetas a una discusión legislativa indefinida. La emergencia laboral exige darles la máxima prioridad.
El Gobierno hizo bien en convocar a la Mesa. Ahora corresponde, transformar sus propuestas en proyectos concretos y darles urgencia legislativa. Mientras seguimos discutiendo cómo mejorar nuestro mercado laboral, miles de personas continúan buscando una oportunidad de trabajo que no llega.
Rubén Soto
Socio AEM Abogados
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