La Cámara de Diputadas y Diputados despachó a ley el proyecto que materializa la implementación de la Fiscalía Supraterritorial (FS) del Ministerio Público. Este organismo se creó mediante una reforma constitucional en 2024. La Sala respaldó en tercer trámite las enmiendas del Senado al texto original. La norma entrará en vigencia seis meses después de su promulgación e incluye el aumento de la planta del Ministerio Público en 98 nuevos cargos, con una implementación proyectada a tres años, aunque el Gobierno anunció reserva de constitucionalidad en una de las cláusulas.
El respaldo se produjo tras tres votaciones específicas sobre las modificaciones del Senado. Las enmiendas aprobadas eliminaron el concepto inicial de “macrozonas” para la organización del trabajo de la nueva Fiscalía. Este cambio fue el eje central de las modificaciones del Senado.
La Fiscalía Supraterritorial se dedicará a investigaciones para combatir el crimen organizado y delitos de alta complejidad que excedan el territorio de una sola región. Asumirá las investigaciones penales que inicie directamente o que le derive alguna fiscalía regional. El fiscal nacional resolverá las contiendas de competencia.
La nueva institución contará con fiscales adjuntos, profesionales, personal de apoyo y los medios materiales necesarios. Tanto el fiscal jefe como los fiscales adjuntos podrán ejercer sus funciones en todo el territorio nacional dentro de su ámbito de competencia.
Estructura operativa y apoyo especializado de la Fiscalía Supraterritorial
En apoyo a la FS, se crea el “Sistema de Análisis Criminal para el Crimen Organizado y Delitos de Alta Complejidad“. Este sistema busca fortalecer la persecución penal. Su desarrollo implica la incorporación de estrategias de análisis e investigación sobre mercados delictuales u otras estructuras criminales reconocibles.
En reemplazo de las macrozonas, la ley define que la labor se desarrollará mediante “unidades de organización“. Un reglamento regulará la creación de estas unidades. Para su diseño se considerarán criterios funcionales, como características comunes de los territorios o el tipo de delitos y fenómenos criminales a investigar.
También se tomarán en cuenta criterios operativos. Entre estos figuran la cantidad de personal u otros recursos necesarios para el desarrollo efectivo de las investigaciones. Las unidades deberán establecer mecanismos de coordinación con las Fiscalías Regionales.
Estos mecanismos garantizarán la entrega eficiente y efectiva de información para el correcto desarrollo de sus funciones. El reglamento también regulará las condiciones de experiencia, especialización y evaluación de desempeño del personal de la FS, además del plazo de permanencia de los fiscales adjuntos.
Atribuciones clave y debate parlamentario
La ley faculta al fiscal nacional para dictar instrucciones particulares al fiscal jefe de la FS en investigaciones de crimen organizado o alta complejidad. También lo autoriza a crear unidades de organización del trabajo con los recursos existentes. Se restringió la sede de la Fiscalía Supraterritorial a la ciudad de Santiago.
Otra precisión aclara que, para delitos cometidos en el extranjero con competencia de tribunales chilenos, las facultades del Ministerio Público las ejercerán la Fiscalía Regional Metropolitana (sobre Santiago) o la FS, según determine el fiscal nacional. Se especifica el deber de respuesta del fiscal jefe a las órdenes del fiscal nacional, salvo que sean “manifiestamente arbitrarias o atenten contra la ley o la ética profesional“.
Un punto polémico introduce una regla de competencia por “alarma pública“. Permite solicitar al Pleno de la Corte Suprema que ciertas causas de la FS sean conocidas por los tribunales de Santiago. Esto aplica tras la formalización y antes del término de la audiencia de preparación del juicio oral, cuando se estime fundamental para el éxito de la investigación y sin vulnerar el derecho a defensa.
Observaciones y reservas de constitucionalidad
En el extenso debate en la Cámara participaron más de 40 diputados. Predominó un ánimo favorable hacia la propuesta. Los parlamentarios la estimaron “necesaria para enfrentar la realidad del crimen organizado y de delitos de alta complejidad”, especialmente cuando estos “se desarrollan en más de una región o a nivel trasnacional”. Se destacó que la FS será un “cuerpo especializado, técnico, con una dotación propia de más de cien funcionarios” destinados exclusivamente a esta área.
Sin embargo, surgieron observaciones. Se llamó a “entregar los recursos necesarios a la entidad y a las policías para realizar una efectiva labor”. Durante el debate legislativo se pidió, por ejemplo, “adelantar el programa de contratación de la planta” para acelerar el trabajo de la nueva unidad.
Sectores del oficialismo objetaron específicamente la cláusula de “alarma pública”. Argumentaron que esta “altera reglas de competencia” y señalaron que “la opinión de la propia Corte Suprema apunta a un vicio de inconstitucionalidad de fondo”. Criticaron la “ambigüedad del concepto y a su uso discrecional”, lo que “vulneraría el debido proceso”.
El Ejecutivo también objetó esta norma. Recordó que se introdujo “vía indicación parlamentaria, irrogando gasto fiscal, sin patrocinio del Gobierno”.
El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, resaltó que “la disposición no es parte de las ideas matrices y vulnera la garantía constitucional de ‘juez natural"”. Ante esto, el Gobierno anunció “reserva de constitucionalidad“, según detalló el portal de la Cámara de Diputadas y Diputados.
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