Tras haberse cumplido el pasado 31 de enero el plazo para desalojar la masiva toma de San Antonio, los pobladores pidieron a la Corte de Apelaciones de Valparaíso más tiempo para poder organizarse en cooperativas y comprar el terreno. En el escrito, culparon al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) de no haber gestionado bien el conflicto y violar los protocolos de derechos humanos. Sin embargo, la corte rechazó la solicitud, lo que daría paso a la Inmobiliaria para notificar el desalojo a los residentes, y, en caso de no lograrse, recurrir a las fuerzas de orden público.
La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó un recurso de pobladores de una toma en San Antonio, dando luz verde al desalojo del terreno, con Carabineros de ser necesario, sin embargo, los cerca de 15.000 ocupantes podrían llegar a la Corte Suprema. Un nuevo capítulo en una historia de desencuentros entre pobladores, una inmobiliaria y el Estado.
A fines del 2019, un grupo de familias comenzaron a llegar a un terreno aparentemente vacío en el cerro Centinela o La Virgen –entre la bahía del puerto y Cartagena– en la comuna de San Antonio, para levantar viviendas de forma irregular. La situación empezó a escalar rápidamente, con un boom de ocupantes asentándose durante la pandemia, llegando hoy a ser alrededor de 4.000 familias viviendo ilegalmente en la toma, una de las más grandes del país.
La situación se ha convertido en un dolor de cabeza para las autoridades estatales, que han tenido un rol difuso, una coordinación ineficaz y no han logrado gestionar una solución diferente al desalojo, según comentan ambas partes del conflicto.
De tal manera, la Corte de Apelaciones de Valparaíso ya había zanjado el asunto, ordenando en junio del año pasado el desalojo de todas las personas que están viviendo ilegalmente en el sector, inicialmente en un plazo de cuatro meses. Este tiempo se fue alargando y la fecha se cumplió el pasado viernes 31 de enero.
Los pobladores, sin embargo, días antes del término del plazo, ingresaron una petición para obtener más tiempo para organizarse, alegando una “precaria” gestión desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), y estar pendiente la organización de cooperativas para comprar el terreno, que hasta la fecha no se han logrado formar.
Pero este martes, los tribunales le cerraron la puerta a la petición, dándole paso a la Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A. para, a través de un receptor judicial, asistir a la toma a notificar a los ocupantes de la orden de desalojo y, en caso de no lograrse, acudir a la fuerza pública, en un conflicto que podría tornarse violento, al estimarse que podrían ser más de 15.000 las personas viviendo en esta toma de la quinta región.
Detalles del proceso en la toma de San Antonio
Desde principios de 2023, la inmobiliaria empezó un proceso legal para recuperar, vender al Estado o a los ocupantes las 255 hectáreas tomadas. En ese momento comenzaron conversaciones con los dirigentes y con el Minvu, teniendo sus propias reuniones los dirigentes de la toma con autoridades del Estado.
Sin embargo, tal como indican los múltiples escritos ingresados en la Corte de Apelaciones, la coordinación no ha sido satisfactoria y en definitiva no existe ningún tipo de acuerdo entre las tres partes.
Las alarmas se encendieron aún más para quienes viven en la toma San Antonio cuando el 23 de junio de 2023 la Corte de Apelaciones acogió el recurso de protección de garantías constitucionales de la inmobiliaria, presentado por los abogados Diego Pereira-Fonfach Martínez, Werner Kandora Gutiérrez y Nelson Campusano Campusano.
El fallo obligaba a que cualquier persona que se encontrara instalada irregularmente en esos predios debía hacer abandono de los inmuebles referidos, disponiendo de un plazo máximo de cuatro meses. Esto no ocurrió, y la justicia volvió a otorgar más tiempo para que se realizaran las gestiones, fecha que se cumplió el pasado 31 de enero.
Pero hasta el viernes pasado los pobladores no habían logrado acuerdos con el Estado, y tampoco se habían organizado en cooperativas para comprar el terreno directamente a la inmobiliaria, solución de la que se hablaba en el último tiempo. Es por ello que realizaron una petición a los tribunales, para otorgarles más tiempo para desalojar.
En el escrito acusaron al Estado de no haber gestionado correctamente la evacuación de ciertos informes requeridos para la causa, y apuntaron directamente al Minvu de haber realizado las coordinaciones de forma “precaria”. Así, afirmaron que las audiencias sostenidas entre grupos del Estado y los ocupantes “no han sido dentro del marco de los Protocolos Intencionales de Derechos Humanos, vale decir, se han sostenido sólo audiencias privadas con citación y con ciertos grupos de dirigencias durante distintos días, sin que puedan asistir con asistencia judicial y asesoría técnica, cuando estas debiesen ser audiencias públicas y no privadas, abiertas a todos los afectados (…)”. Esto habría llevado a que los últimos dos meses extras que les habían sido otorgados, no resultaran en acuerdo alguno.
Sin embargo, esta vez la Corte de Apelaciones de Valparaíso no les dio la razón, y rechazó cada una de sus peticiones.
Desalojo con Carabineros, pero podría llegar a la Suprema
La resolución le da ahora luz verde a la inmobiliaria para exigir que se nombre a un receptor judicial, quien deberá ir presencialmente a la toma a entregar las órdenes de desalojo que dan por informados a quienes viven ahí que deben irse del lugar en un plazo establecido. Si esto no se cumple, la situación podría dar pie a que la inmobiliaria ahora acuda a las fuerzas de orden público; o sea, retirar a las miles de personas con ayuda policial, lo que amenaza con ser un conflicto complejo para la comuna de San Antonio.
Sin embargo, los ocupantes aún pueden acudir a la Corte Suprema y apelar las decisiones de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, situación que está por verse en los próximos días.
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