Los diputados Cristhian Moreira y Cristián Labbé aseguraron que el Gobierno tendría la obligación de enviar el acuerdo al Parlamento porque abordaría tratados internacionales.
Los diputados de la Bancada UDI que integran la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, Cristhian Moreira y Cristián Labbé, ingresaron durante un requerimiento ante la Contraloría General de la República solicitando resolver si el acuerdo de colaboración suscrito entre Chile y Venezuela, debe ser sometido o no a tramitación en el Congreso.
El mencionado acuerdo fue firmado en enero por el ministerio del Interior y el ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela.
El acuerdo busca la colaboración mutua con el fin de facilitar información, dentro del ámbito de sus respectivas jurisdicciones nacionales, competencias específicas y en el cumplimiento de sus funciones.
Se trataría de intercambio de información “necesaria para la investigación de delitos contra las personas, delitos violentos, cibernéticos y delitos financieros, entre otras expresiones del crimen organizado”. De igual forma, busca “promover el intercambio de conocimiento especializado y participación en actividades de capacitación”.
Al respecto, y a raíz de que un medio de comunicación venezolano relacionara el texto con el secuestro en Chile del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, lo que fue descartado por el subsecretario Manuel Monsalve, los parlamentarios gremialistas aseguraron que resulta “indispensable” despejar todas las dudas que puedan existir respecto del acuerdo.
Entre dichas dudas, estaría la obligación o no de que el acuerdo sea discutido en el Congreso, al abordar materias sobre tratados internacionales.
En esa línea, Moreira y Labbé acusaron una “falta de transparencia” de parte del Gobierno en relación con dicho acuerdo, manifestando que “si estamos hablando de un asunto tan delicado y grave para nuestro país, como es la crisis delictual que estamos viviendo producto de la migración irregular y descontrolada en el norte, lo mínimo es que las autoridades transparenten los alcances y detalles de este convenio que firmaron con uno de los principales responsables de esta situación”.
“Como Bancada UDI hemos decidido presentar un requerimiento ante la Contraloría General de la República, no sólo para que el Ejecutivo pueda transparentar todos los detalles de este acuerdo que decidieron firmar con la dictadura venezolana, sino que también para que se determine si, por los alcances y las materias que se abordan en el convenio, debe ser sometido o no a tramitación en el Congreso Nacional, tal como lo exige la Constitución”, señalaron los diputados gremialistas.
Para los parlamentarios de derecha, se trata de la misma condición que debe cumplir el Gobierno en relación con la ratificación del TPP-11, cuyas side letters también deben ser aprobadas por la Cámara y el Senado.
Producto de lo anterior, Moreira y Labbé precisaron en su escrito ante la Contraloría que “más allá del alcance de los puntos comprometidos (en el acuerdo), nos parece relevante determinar si su entrada en vigencia se encuentra sujeta o no a la aprobación del Congreso Nacional, especialmente considerando las dudas que podrían surgir respecto de su naturaleza jurídica y su tramitación, al ser un instrumento que (…) podría incidir en materias propias de este tipo de acuerdos bilaterales”.
Por lo mismo, ambos diputados manifestaron que “esperamos que la Contraloría pueda coincidir en nuestras aprensiones y ordene al Gobierno someter este convenio a tramitación en el Parlamento, porque estamos hablando de un asunto tan delicado que las actuales autoridades no pueden tomárselo a la ligera, sobre todo si aborda materias relacionadas con la seguridad de nuestro país”.
La interpelación que realizó la UDI contrasta con la valoración positiva que hicieron desde el propio partido cuando Manuel Monsalve anunció que viajaría a Venezuela con el fin de trabajar en temas de seguridad transnacional.
