Junto con detallar el número de pensiones de gracia otorgadas producto de las glosas del estallido social, durante este gobierno y el anterior, el ministro Luis Cordero dijo que el Ministerio del Interior se encuentra estudiando cada uno de los expedientes.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, abordó la polémica por revocar las pensiones de gracia otorgadas tras el estallido social.
Fue en conversación con el programa Estado Nacional que el secretario de Estado dijo que “el Presidente de la República lo ha definido, lo expresó la ministro Tohá y yo lo he expresado con anterioridad”.
En ese sentido, Cordero reiteró que el beneficio se mantendrá “si hay un daño permanente. Las lesiones oculares con el caso más evidente”. Esto, independiente de si hay antecedentes penales.
Sobre eso, la autoridad complementó que actualmente “el Ministerio del Interior se encuentra estudiando cada uno de los expedientes”.
Pensiones de gracia tras estallido social
En detalle, el ministro comentó que “tenemos 418 pensiones otorgadas producto de las glosas del estallido. Esto es bien relevante, porque aquí se ocupa la atribución general, pero está glosado por la glosa de 2021 y 2022″.
De esas, “148 corresponden a la administración del expresidente Piñera, 270 a la administración del Presidente Boric. Se pagaron con los recursos del 2022, no se otorgan más pensiones asociadas al estallido”, agregó.
Respecto a las críticas por pensiones otorgadas, Cordero sostuvo que “hay pensiones que son observables”, pero que “el número corresponderá que sea informado por el Ministerio del Interior”.
Asimismo, el ministro indicó que “el Ejecutivo ha concentrado su labor en las personas que han sido condenadas con condenas previas o posteriores”.
Igualmente, por segundo lugar, “que no hubiesen estado dentro de los supuestos que les permitía recibir la pensión, el daño permanente que le generó imposibilidad laboral”.
“Chile no tiene un mecanismo de compensación e indemnización por vía administrativa. Cualquier persona que sufre daño tiene que inevitablemente iniciar una demanda judicial (…) dura mucho tiempo y en el que el Consejo de Defensa del Estado hace su labor de defensa fiscal”, concluyó.
