El Consejo de Defensa del Estado interpuso una querella criminal contra exmilitantes del Partido Comunes por el delito de fraude de subvenciones. Entre ellos, se encuentra la excandidata a gobernadora de Santiago, Karina Oliva.
El Consejo de Defensa del Estado interpuso una querella criminal contra 12 exmilitantes del partido Comunes, entre ellos, la excandidata a gobernadora por Santiago, Karina Oliva. Además, contra quienes resulten responsables por el delito de Fraude de Subvenciones.
De acuerdo a la querella, los imputados Martín Miranda, Ailine Ramírez, Marcelo Riffo, Juan Pablo Sanhueza, David Castillo, Jean Flores, José Robredo, Diego Corvalán, Luis Nicolás Romero, Jorge Ramírez, Camila Ríos y Karina Oliva, realizaron una serie de rendiciones de gastos de campaña que dan cuenta de “maniobras para abultar y disfrazar los gastos electorales y de esa forma solicitar al Servicio Electoral de Chile (SERVEL) devoluciones improcedentes, para así perjudicar al Fisco de Chile”.
Lo anterior, durante los períodos electorales del año 2021. Cuando Oliva se postuló al cargo de Gobernador Regional Metropolitano, tanto en primera como en segunda vuelta, por la lista de dicho partido.
Los imputados, Jorge Ramírez, quien presidía el partido, Camila Ríos, secretaria ejecutiva, Martín Miranda, administrador electoral, y la propia Karina Oliva, eran “quienes tomaban las decisiones de quién podía ser candidato, así como los gastos y financiamiento de las campañas electorales”.
Quienes con diversos coimputados emitieron boletas y facturas ideológicamente falsas, por servicios no prestados o con montos abultados. Ello, con el objetivo de indicar que estas estaban por pagar y así, solicitar un reembolso mayor al Servel.
Además, Miranda incorporó en dicha rendición electoral, dos facturas de la Fundación Chile Movilizado, por servicios que no se prestaron.
Este modo de perpetrar el delito, realizado en la primera vuelta electoral, se habría repetido en la rendición de gastos de la segunda vuelta.
Sin embargo, en ambos períodos hubo montos que fueron objetados y luego rechazados al no ser justificados correctamente. Por lo tanto, no se habrían efectuado los pagos.
En total, se defraudó la suma total de $293.093.681, mientras que también se intentó defraudar el monto de $110.000.000.
