Pese a la solicitud del Gobierno, y sin una mayor diferencia en la discusión entre los ministros del Pleno, la Corte Suprema habría decidido no pronunciarse sobre la conducta del juez que autorizó la entrega de antecedentes de testigos protegidos en una causa contra el Tren de Aragua. La razón estaría relacionada al inicio previo de una investigación administrativa.
Fue la semana pasada que el Gobierno confirmó la alternativa de recurrir a la Corte Suprema para evaluar la conducta del juez Héctor Barraza tras autorizar liberar la lista de testigos en una causa contra el Tren de Aragua.
Recordemos que el juez accedió a la solicitud de la defensa de “Los Gallegos” para conocer antecedentes de testigos reservados, agentes encubiertos y víctimas protegidas.
Tal como permite el art. 32 de la Constitución, el presidente Gabriel Boric pidió revisar la conducta ministerial del mencionado juez para que, si procede, reclame medidas disciplinarias o estableciera una correspondiente acusación.
La decisión que habría adoptado la Corte Suprema por decisión en causa contra el Tren de Aragua
Pese a lo anterior, sin una mayor diferencia en la discusión entre los ministros del Pleno, el máximo tribunal habría decidido no emitir un juicio respecto al juez de Garantía de Arica, Héctor Barraza.
Según consignó El Mercurio, la razón radicaría en que la Corte de Apelaciones de Arica ya inició una investigación administrativa y que en esa indagatoria se resolverá si existe o no una responsabilidad por parte del regulador.
Una vez tomada la decisión, se espera que el presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, informe al Ejecutivo la decisión y los argumentos de la resolución.
Cabe mencionar que, por su parte, el Juzgado de Garantía de Arica rechazó la nulidad -solicitada por el Ministerio Público y el Ministerio del Interior– con la que se buscaba revocar la decisión de Barraza.
Lo anterior, argumentando que todos los antecedentes ya están siendo analizados por la Corte de Apelaciones de la ciudad a raíz del recurso de protección que interpuso el Ministerio Público.
Esto, tras la causa penal que abrió el mismo Ministerio Público -asignada al fiscal de Tarapacá, Raúl Arancibia– y por la investigación administrativa que abrió el Poder Judicial.
