Destacaron la decisión de Pérez "para que este conflicto no siguiera enturbiando las relaciones políticas en el Congreso Nacional".

El partido Convergencia Social calificó como un “grave error político” el escándalo que protagonizó Daniel Andrade, pareja de la diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez, tras revelarse la firma de millonarios convenios con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Recordemos que ante el revuelo que se generó, la parlamentaria anunció la “suspensión” de su cargo como vicepresidenta de la Cámara, en medio de las críticas de la oposición.

Esto último, no solo por su vínculo con Andrade, sino que también porque el ahora exseremi del Minvu de Antofagasta, y que aprobó los convenios, Carlos Contreras, fue su jefe de gabinete.

Al respecto, desde Convergencia Social se sumaron a la defensa de la diputada de la coalición de Gobierno, apuntando al “estándar ético”, recordando sus condenas a las malas prácticas en la política.

“Nosotros emergimos como fuerza política condenando las malas prácticas, la anquilosada relación entre política, negocios e influencias y la fundada desconfianza que aquello ha generado sobre la democracia”, señalan.

En esa línea, destacan que sus “banderas por la máxima transparencia explican que ante situaciones que presenten un posible alejamiento de dicha ética pública seamos extremadamente tajantes en esclarecer todas las circunstancias y responsabilidades comprometidas”.

Esto último, “sin importar si se trata de una situación que afecta a personas de nuestro propio entorno político”.

Asimismo, destacan el pronunciamiento que pidió la diputada Pérez a Contraloría, así como el inicio de una investigación en el Minvu y la desvinculación de los involucrados.

“Ella misma ha calificado la situación como un grave error de criterio político y ha indicado que no incidió de forma alguna en el acto, lo cual deberá comprobarse en la investigación llevada adelante por las instituciones respectivas”, señalan.

En ese sentido, reconocieron la decisión de RD de llevar los antecedentes al Tribunal Supremo de la colectividad, enviando de paso un “recado” a la oposición.

“A diferencia de otras fuerzas políticas que justifican actuaciones ilegales, sancionadas, algunas de ellas reiteradas e íntimamente relacionadas con sus propios partidos, para nosotras y nosotros el apego a la ley es lo mínimo a cumplir, y la conformidad de un acto con la normativa vigente no implica por sí sola un comportamiento adecuado para quienes cumplen funciones públicas”.

No obstante, reconocen que el convenio es un “grave error político que daña nuestro compromiso ético”.

“Es necesario que se hagan valer las responsabilidades respectivas, tanto en la justicia ordinaria como en las instancias disciplinarias internas, a la vez que se aseguren condiciones para que este tipo de situaciones no ocurran nunca más”, añaden.

“Presentamos nuestra conformidad con la decisión de la diputada Pérez de suspender su participación en la Mesa Directiva de la Cámara de Diputadas y Diputados para que este conflicto no siguiera enturbiando las relaciones políticas en el Congreso Nacional y sirviendo de excusa a la oposición política para obstruir acuerdos en beneficio de la ciudadanía”, concluyeron.