Exfiscales valoran la medida impuesta por el persecutor y se mostraron contrarios a que el "criterio Valencia" se detenga, mientras que la Asociación de Magistrados aseguró que ellos solo están para aplicar la ley.
Dos abogados presentaron un recurso de amparo para poder suspender la aplicación del “criterio Valencia”, medida impuesta por el fiscal nacional, Ángel Valencia.
Los juristas aseguraron que la iniciativa, que llama a los fiscales a solicitar prisión preventiva para todas las personas extranjeras indocumentadas que sean detenidas, es “discriminatoria” e “inconstitucional”.
En ese sentido, dos abogados, Ciro Colombara y Aldo Díaz, presentaron un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra del denominado “criterio Valencia”, argumentando que se trata de una decisión que es discriminatoria y que atenta contra la libertad de las personas.
En el documento, los juristas sostienen que “el oficio es dictado haciendo una distinción en la nacionalidad, categoría sospechosa prohibida por el derecho internacional por ser motivo de discriminación”.
“No solo es una conducta gravemente discriminatoria, sino que además se afecta el derecho a la libertad personal y a la seguridad individual, violando no solo la ley, sino que la constitución chilena y especialmente el derecho internacional de los derechos humanos”, dijo Colombara.
“Confiamos en que los tribunales superiores de justicia, después de analizar, acogerá este recurso de amparo” agregó el abogado.
Piden no suspender “criterio Valencia”
La presidenta de la Asociación de Magistrados, Mariela Hernández, afirmó que esta medida compete únicamente al Ministerio Público, ya que son los fiscales quienes deben obedecer el oficio.
“Esta instrucción únicamente compete al Ministerio Público, no así a los jueces, los jueces estamos sometidos única y exclusivamente a la constitución y a las leyes”, dijo la magistrada.
En tanto que los exfiscales, Ricardo Freire y Carlos Gajardo, se mostraron a favor de la medida, ya que según ellos el peligro de fuga sería mayor cuando los imputados son personas indocumentadas.
“No es más que una forma de evitar el evidente peligro de fuga de quien no está identificado o individualizado en una causa penal. Los imputados en una causa penal, chilenos o extranjeros, deben estar identificados”, dijo Freire.
Por su parte, Gajardo aseguró que “el principal objetivo de esta medida es asegurar la comparecencia de un imputado a las actuaciones del procedimiento, es decir, evitar que este se fugue mientras se está llevando adelante una investigación.
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