Uno de los imputados empujó los límites y compró un velero. Lo bautizó con el nombre de "Benito". Otro, con gustos por las finanzas invirtió en la Bolsa de Santiago. Y un palo blanco, a fin de disimular las ganancias, prestó su nombre para cobrar -en varias ocasiones- un total de 3 mil millones, los que luego eran movilizados en efectivo. Bolsos y maletines repletos con billetes, transitando ocultos entre calles y autopistas de todo el país, propiedades y vehículos adornan esta historia que la revela en exclusiva la Unidad de Investigación de BioBioChile.
Joint Venture: asociación empresarial en la que los socios comparten los riesgos de capital y los beneficios según las tasas acordadas.
Todo lo que tocaban lo convertían en oro. O en acciones en la bolsa de Santiago, automóviles último modelo, propiedades en Cachagua o incluso un velero que bautizaron “Benito”.
Las riquezas del Cartel del Oro no sólo se dejaban notar en manos de los líderes y brazos operativos, sino también transitaron ocultas por las calles y autopistas de todo Chile, encarnadas como dinero en efectivo al interior de maletines y bolsos repletos.
Todo como consecuencia de un complejo, aunque aceitado entramado liderado por al menos tres clanes que contrabandearon por más de cinco años el metal dorado de alta pureza a Dubái y Suiza.
Un auténtico joint venture del delito que terminó con 12 mil millones de pesos en patrimonio incautado y 35 detenidos.
La pureza los delató
El modelo era simple: ingresaban oro de manera irregular a Chile desde minas ubicadas en Perú y Bolivia, lo abultaban, refinaban, blanqueaban y lo exportaban a los Emiratos Árabes y Suiza.
Y aunque resulte paradójico, lo hicieron tan bien que fueron sorprendidos. Si la pureza normal del oro que se exporta de manera legal en Chile no supera un 80%, el de esta organización llegaba a un 99,5%.
Un dato no sólo estadístico, pues fueron precisamente estos guarismos los que levantaron suspicacias. En efecto, Aduanas sospechó que algo no estaba en orden, avisó al Ministerio Público y esta última institución comenzó una investigación liderada por el fiscal jefe de Pudahuel, Eduardo Baeza.
Gracias a escuchas telefónicas y seguimientos, el panorama poco a poco comenzó a develarse; y clan por clan comenzó a salir a la luz.
¿Los principales? Dos: los Farías y los Herrera.
Dueñas de Isidora Metals y Kamilco, respectivamente, ambas familias lideraban el cartel mediante la exportación del metal precioso de origen ilícito.
Según consta en el expediente judicial, operaban bajo un mismo modus operandi y mantenían una relación horizontal. Ninguna imponía dominación o su jerarquía por sobre la otra.
En otras palabras: socios comerciales del contrabando.
Los clanes
El primer clan estaba liderado -de acuerdo al Ministerio Público- por Gonzalo Alfredo Farías Cabezas; mientras que el segundo lo encabezaba Óscar Alberto Herrera Gallegos.
El primero de ellos, según las pesquisas, corresponde a la mente detrás del mecanismo para blanquear, ocultar y disimular el oro ilícito.
Pero no estaban solos: ambos contaban con la ayuda de su descendencia o cónyuge. En varios casos eran los hijos quienes acompañaban a los padres a reuniones e incluso llegaron a negociar directamente con los proveedores.
También realizaron gestiones con la empresa de seguridad Brinks para el retiro y custodia del oro, antes de enviarlo a Dubái.
Y como todo estaba profesionalizado, los Herrera incluso tenían dentro de sus filas a un contador: Luis Fernando Retamal Parada, quien llevaba los números de todas las empresas de la familia
El proveedor
En un escalafón más abajo (aunque no menos importantes) aparecen los González, dirigidos por Eduardo Alfonso González Yáñez, dueño de Golden Pacific S.A.
De acuerdo a la carpeta investigativa, este clan se erigió como el principal proveedor del oro ilícito de las dos familias líderes.
Aunque no eran los únicos. Más atrás aparecen otros vendedores que ingresaron o proveyeron oro comprado “en negro” a las firmas de los Farías y los Herrera. Destaca entre ellos Irfán Alí, cabecilla y financista, según las pesquisas, del clan “Paquistaní”.
El investigado corresponde a un conocido comerciante extranjero de la Zona Franca de Iquique que posee diversas empresas ligadas al rubro automotriz y comercialización de lubricantes móviles y quien suplió de mercancías a los Farías.
El círculo lo cierra una veintena de imputados de menor relevancia que facilitaron sus facturas y nombres para blanquear el origen de los productos.
Los lujos
Según consta en el expediente, varios de los imputados, a lo menos desde 2017 y hasta que la PDI les cayera encima, llevaron a cabo maniobras propias del delito de lavado de dinero. A saber:
El clan Farías, por ejemplo, arrendó lujosas propiedades: una en Cachagua, otra en Vitacura, otra en Providencia y dos en Lo Barnechea.
También compraron vehículos con dinero en efectivo para ellos y sus testaferros; constituyeron sociedades; e instalaron casas de cambios. Inversiones Suiza y Valfani, por mencionar algunas.
Uno de los proveedores de facturas falsas de los Farías empujó los límites y compró un velero. Lo bautizó con el nombre de “Benito”. Está avaluado en unos 100 millones de pesos.
Mediante interceptaciones telefónicas, también se obtuvo información respecto a la adquisición, en el año 2020, de un vehículo “Buggy”, tasado en 20 millones de pesos, por parte del mismo personaje.
El problema fue que varios de los palos blancos no supieron cómo acreditar sus ingresos y compras. Algunos de ellos ni siquiera trabajaban.
Otro de los imputados ligados al cartel compró una parcela en La Herradura, en Coquimbo, con dinero en efectivo.
En base a las diligencias, se estableció que en dicho lugar se está realizando una edificación de gran envergadura, con un avalúo comercial de al menos $100 millones
Efectivo por todos lados
Los González tampoco se quedan atrás. De acuerdo al Ministerio Público también compraron vehículos de todo tipo. Hasta un tractor.
Al mismo tiempo conformaron sociedades y compraron propiedades en Santiago, Las Condes y en la playa de Puchuncaví. Parte de ellos lo cancelaron… en efectivo.
Además, adquirieron una parcela en Coihueco donde levantaron una casa avaluada en 80 millones de pesos. A todo eso, hay que añadir una oficina en El Golf.
Uno de los González, al parecer con pasión por las finanzas, compró 25 mil acciones de la empresa Latam en la Bolsa de Santiago. También guardó 150 monedas de oro, de origen desconocido en Banchile.
Otro de los imputados, prestó su nombre para cobrar -en varias ocasiones- un total de 3 mil millones a nombre de los González, emitidos por Isidora Metals, los que luego eran movilizados de forma física.
El dinero, una vez más, transitó en efectivo por las calles de varias comunas.
Parcela en Pucón
La lista sigue. Los Herrera compraron una parcela en Pucón. Al igual que sus socios, construyeron una casa al interior del predio.
También formaron sociedades mineras e incursionaron en el pitufeo. Es decir, operaciones asociadas al cambio de divisas para incorporarlas al sistema financiero.
Para ello utilizaron un fondo mutuo en Banchile donde recibían pagos desde Dubái.
Y para complejizar aún más el asunto, utilizaron gatekeepers. En buen chileno, contrataron abogados, contadores, asesores financieros, proveedores de servicios societarios y fideicomisos, para pasar desapercibidos.
No lo lograron.
De los 35 detenidos en el marco de la caída del Cartel del Oro, tres quedaron en prisión preventiva: Gonzalo Farías, Óscar Herrera y Eduardo González.
Todos ellos fueron formalizados en el Primer Juzgado de Garantía de Santiago por asociación ilícita, lavado de activos, contrabando, entre otros delitos.
“(Estos tres) eran los de mayor interés, puesto que son los cabezas de los principales clanes que enviaban el oro hacia el exterior”, sostuvo el fiscal jefe de Pudahuel, Eduardo Baeza, tras conocerse la resolución.
“Vamos a seguir investigando para llegar, espero, a una sentencia condenatoria con antecedentes sólidos”, añadió.
