Los siete generales del Alto Mando de Carabineros, a los que la Contraloría formuló cargos por responsabilidad administrativa en procedimientos policiales durante el estallido social, recurrieron a la Corte Suprema acusando actuar ilegal y arbitrario del contralor Jorge Bermúdez.

Desde organizaciones de la sociedad civil, aseguran que este tipo de acciones buscan dilatar el sumario administrativo que lleva adelante el ente contralor.

El general director de Carabineros, Mario Rozas, ya entregó la nómina del nuevo Alto Mando de la institución al presidente Sebastián Piñera y que ha trascendido saldrían entre 8 y 12 generales cuestionados durante el estallido social.

Son los actuales miembros que están a la cabeza de la institución, los generales Jorge Valenzuela, Mauricio Rodríguez, Enrique Bassaletti, Enrique Monrás, Hugo Zenteno, Jean Camus y Jorge Ávila, quienes llegaron ahora a la Corte Suprema acusando un actuar arbitrario e ilegal por parte de la Contraloría.

Esto último, por formular cargos contra ellos por la presunta responsabilidad administrativa en procedimientos policiales durante el estallido social.

Los siete altos mandos habían comenzado la ofensiva en la Corte de Apelaciones de Santiago, donde cada uno ingresó recursos de protección contra el contralor Jorge Bermúdez y los fiscales del organismo.

Todas las acciones judiciales fueron declaradas inadmisibles, por lo que decidieron así llegar al máximo tribunal del país, detallando que sus derechos constitucionales están siendo amagados por un ente público que carece de competencia.

Al respecto, habló escuetamente el general Enrique Monrás, quien señaló que todo está en manos de su abogado, Jorge Martínez. En tanto, la defensa del general Enrique Bassaletti, la abogada Susana Bortzuzky, explicó los motivos de recurrir a la Corte Suprema.

Para el director ejecutivo de la Fundación Los Ojos de Chile, Matías Vallejos, estas acciones buscan dilatar el sumario de Contraloría que se encuentra suspendido, afirmando que esto es un síntoma más de la mirada que tiene la policía uniformada sobre los hechos ocurridos durante el estallido social.

Para el director ejecutivo de la Fundación Chile 21, Eduardo Vergara, esto es una acción que pueden realizar los generales, sin embargo, lamenta los cuestionamientos que ha recibido la Contraloría tras este sumario a los altos mandos de Carabineros.

Finalmente, quedó en manos de la Suprema definir lo que pasará con las acciones judiciales presentada por los 7 generales de la policía uniformada a los que la Contraloría les formuló cargos.