Este martes el ministro del Interior, Víctor Pérez, fue consultado en la Comisión de Seguridad Pública del Senado respecto a los hechos de violencia ocurridos en La Araucanía, además de las provincias del Bío Bío y Arauco.

En la instancia realizada por video conferencia, también estuvo presente el Fiscal Nacional, Jorge Abbot y el General Director de Carabineros, Mario Rozas Córdova.

Según señaló el ministro, “el Estado es responsable de promover la seguridad de todos los habitantes de la república y en ese rol es que como ministro del Interior, esta situación en La Araucanía y en las regiones aledañas es una de mis mayores prioridades”.

“Quiero ser muy claro que esta violencia que estamos viendo estos días no tiene como una expresión principal”, indicó el ministro, sino que se refiere a “un hecho muy concreto que está presente” que es la huelga de hambre que mantienen 27 comuneros en distintos centros penitenciarios. “Específicamente nos referimos a ocho comuneros en la cárcel de Angol que llevan 91 días de huelga”, detalló, señalando también el caso de Celestino Córdova.

“Todos los cuales se encuentran condenados o han sido imputados a prisión preventiva por graves delitos”, manifestó la autoridad.

Víctimas de violencia rural y reconocimiento a pueblos originarios

“Hemos puesto especial cuidado con las víctimas de la violencia a través del Plan de Reposición de Actividades Económicas y Sociales afectadas por la violencia rural”, manifestó el ministro del Interior. Así, detalló que actualmente este plan se concentra en 924 casos de víctimas de este tipo de acciones, las que fueron catastradas desde abril de 2018.

Estas se componen de personas, empresas y organizaciones sociales que buscan apoyar a las víctimas a recuperar “el perjuicio que produce este tipo de eventos en la actividad económica en la zona mediante subsidio”.

El monto de los fondos a entregar dependerá de la magnitud del daño que hayan sufrido las víctimas, en esta ayuda -que tendrá un presupuesto de 3 mil millones de pesos– participarán los siguientes organismos: el fondo social de la república, Sercotec, Indap, Fosis, Corfo, Minvu, etc.

“Estamos muy conscientes que enfrentamos un problema social y también político. Los diferentes Gobiernos desde 1990 han intentando articular soluciones institucionales para analizar, evaluar y proponer políticas públicas en materia de pueblos indígenas y en especial sobre el pueblo mapuche”, señaló Pérez.

Así, agregó que “cuando hablamos de diálogo político, no estamos hablando de una especie de solución mágica, se ha intentado muchas veces con Gobiernos de distinto signo político y lamentablemente podemos apreciar que se ha fracasado muchas veces también”.

“Sin embargo, de muchas de estas experiencias podemos sacar enseñanzas valiosas que se refieren a los temas de largo plazo que afectan la relación entre el Estado de Chile y sus pueblos originarios. Me refiero a la necesidad de reconocimiento cultural (…) al acortamiento de la brecha social entre la población indígena que aún existe, la necesidad de coordinación de programas y paneles destinados a los pueblos por parte del aparato público”, sentenció el ministro.

En la misma línea añadió también que existe una necesidad de “establecer políticas de tierras claras y con objetivos específicos, además de incorporar una nueva forma de participación política de los pueblos indígenas”.

“Todo lo que hemos señalado es un desafío que como Gobierno y en especial desde el Ministerio del Interior estamos dispuestos a asumir, pero sin caer en caricaturas (…) que idealizan en muchos casos la violencia”, manifestó la autoridad.

Materias de seguridad y ejes de acción

Así, el ministro se refirió a los últimos hechos y las medidas que están tomando como Gobierno para evitar que continúen este tipo de acciones de violencia en la zona.

La autirudad manifestó que se busca fortalecer con conformar una mesa de inteligencia policial integrada por la ANI, Carabineros, Policía de Investigaciones, Gendarmería y las Fuerzas Armadas.

Además, buscarán que la PDI cree una prefectura de inteligencia operativa en la Macro Zona Sur, la que hoy depende de Santiago.

En tanto, se conformará un Comité Policial Ampliado integrado por el coordinador presidencial de la región, gobernadores, ANI, Carabineros, PDI, Gendarmería y Fuerzas Armadas.

También se efectuará el despliegue de patrullajes preventivos y vigilancia áerea en la zona. “En la Ruta 5 Sur contamos con 10 puntos de control y 45 funcionarios desplegados (…) entre Collipulli y Angol contamos con ocho patrullas y 120 efectivos. En la ruta entre Cañete y Quidico mantenemos 10 patrullas y 22 efectivos”.

Respecto a los recursos destinados, se ha destinado al control del orden público un total de 224 vehículos, dos hélicopteros y once drones. Además se cuenta con una fuerza operativa de 1.489 funcionarios. De estos, 503 están destinados al cumplimiento de medidas de protección, 225 al control público, 431 a servicios preventivos en rutas y procedimientos, y 153 en servicios administrativos.

El ministro Pérez además señaló que se trabajó en la identificación de ochos puntos críticos en la región del Bío Bío y La Araucanía para instalar equipos de Carabineros que puedan realizar una intervención rápida en caso de ser necesario.

“Y una inversión focalizada de más de mil millones de pesos en equipamiento y medios logísticos para el combate de la delincuencia organizada en la Macro Zona Sur”, añadió la autoridad.

Finalmente, se buscará realizar un trabajo en conjunto con el Ministerio Público para coordinar las estrategias en la Macro Zona Sur, presentar querellas con equipo del Ministerio del Interior y la coordinación entre la Subsecretaría del Interior y las Fiscalías Regionales, entre otras.