Nacional
Jueves 09 abril de 2020 | Publicado a las 11:31
Piden que Contralor√≠a fiscalice y sancione instituciones p√ļblicas que no cumplan Ley de Inclusi√≥n
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La Fundaci√≥n Chilena para la Discapacidad entreg√≥ un informe que analiza los dos a√Īos de vigencia de la Ley de Inclusi√≥n Laboral, destacando los avances en la materia y proponiendo, entre otros puntos, que Contralor√≠a fiscalice y sancione a las instituciones p√ļblicas que est√©n incumpliendo la normativa.

Se trata de un balance a prop√≥sito de los dos a√Īos de la entrada en vigencia de la ley que establece la contrataci√≥n de personas en situaci√≥n de discapacidad (PcD) en empresas y organizaciones del Estado.

Al respecto, la Fundaci√≥n Chilena para la Discapacidad propuso una serie de ajustes, pensando en cerrar las brechas en materia de contrataci√≥n y calidad del trabajo al que acceden quienes se encuentran bajo alg√ļn tipo de limitaci√≥n sensorial, f√≠sica, mental o ps√≠quica.

Y si bien el estudio valora el esfuerzo que se ha hecho hasta ahora, advirtió sobre la continuidad de las personas en situación de discapacidad en el mundo del trabajo.

Seg√ļn Mat√≠as Poblete, presidente de la fundaci√≥n, “a√ļn el n√ļmero de contrataci√≥n es bajo, frente a la meta del Gobierno de 25.000 empleos en el sector privado y a lo menos 2.500 en el sector p√ļblico, sin contar, por ejemplo, a instituciones como Fuerzas Armadas, sobre todo, por el actual momento del pa√≠s”.

En ese sentido, puso énfasis en los efectos de la contingencia por el coronavirus en el mercado laboral.

“Esperamos que las personas en situaci√≥n de discapacidad no sean las m√°s afectadas en cuanto al desempleo dada la contingencia que estamos atravesando‚ÄĚ, coment√≥.

Y como toda normativa requiere ser fiscalizada para medir su real impacto, una de las recomendaciones del informe es que la Contralor√≠a General de la Rep√ļblica vigile el cumplimiento de la ley en las instituciones p√ļblicas, repar√≥ Poblete.

ARCHIVO | Pablo Vera | Agencia UNO
ARCHIVO | Pablo Vera | Agencia UNO

‚ÄúHasta aqu√≠ solamente las instituciones del sector p√ļblico deben informar si han cumplido o no la normativa, sin recibir sanciones por incumplir y sin recibir sanciones por no informar el acatamiento de la ley. No reciben penas ni tampoco nadie los fiscalice si lo hacen o no lo hacen‚ÄĚ, expuso el presidente de la fundaci√≥n.

A juicio de Poblete, ‚Äúse deber√≠a modificar el sistema de comunicaci√≥n mediante oficios que realizan los servicios p√ļblicos implementando un sistema de informe √ļnico de llenado en l√≠nea, que permita tener informaci√≥n certera y eficaz respecto al cumplimiento de la normativa y las excusas presentadas, tal como lo ha hecho en ese sentido la Direcci√≥n del Trabajo con las comunicaciones que deben presentar al respecto los empleadores‚ÄĚ.

Subir cuota a 2% y exenciones tributarias

La investigaci√≥n sobre la Ley de inclusi√≥n Laboral tambi√©n propone elevar el porcentaje de reserva, tanto para el sector p√ļblico, como privado, y con enfoque de g√©nero porque la participaci√≥n femenina a√ļn est√° en deuda.

‚ÄúPor parte del sector p√ļblico, es necesario avanzar hacia una cuota del 2% con paridad de g√©nero gradual, puesto que las mujeres con discapacidad tienen una baja tasa de ocupaci√≥n laboral aun cuando est√° en vigencia la presente ley‚ÄĚ, sostuvo Poblete.

El documento -elaborado por el √Ārea de Estudios y Publicaciones de la fundaci√≥n- tambi√©n aconseja apelar a la exenci√≥n tributaria, para mejorar tanto el n√ļmero de colocaciones, como las condiciones laborales en las que estas personas se desenvuelven.

‚ÄúConsideramos que la exenci√≥n tributaria es un buen mecanismo para motivar a las empresas a que implementen ajustes razonables que mejoren la calidad de los puestos de trabajo, en funci√≥n de los apoyos que necesitan las personas con discapacidad, dado que hasta hoy el foco estaba puesto en la contrataci√≥n y no en la calidad de los empleos para estas personas, las que podr√≠an vivir una precarizaci√≥n laboral si es que no reciben la ayuda adecuada seg√ļn sus caracter√≠sticas individuales asociadas a su condiciones de discapacidad‚ÄĚ, sentenci√≥.

Por √ļltimo, agreg√≥ que faltan m√°s pol√≠ticas de capacitaci√≥n generadas dentro del marco de buenas pr√°cticas de las empresas, para que la inclusi√≥n de las personas con discapacidad no se aborde solo desde un punto de vista asistencialista, sino que m√°s bien desde el √©nfasis de fortalecer las capacidades de estos trabajadores y reducir las diferencias existentes.

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