La Fundación Chilena para la Discapacidad entregó un informe que analiza los dos años de vigencia de la Ley de Inclusión Laboral, destacando los avances en la materia y proponiendo, entre otros puntos, que Contraloría fiscalice y sancione a las instituciones públicas que estén incumpliendo la normativa.
Se trata de un balance a propósito de los dos años de la entrada en vigencia de la ley que establece la contratación de personas en situación de discapacidad (PcD) en empresas y organizaciones del Estado.
Al respecto, la Fundación Chilena para la Discapacidad propuso una serie de ajustes, pensando en cerrar las brechas en materia de contratación y calidad del trabajo al que acceden quienes se encuentran bajo algún tipo de limitación sensorial, física, mental o psíquica.
Y si bien el estudio valora el esfuerzo que se ha hecho hasta ahora, advirtió sobre la continuidad de las personas en situación de discapacidad en el mundo del trabajo.
Según Matías Poblete, presidente de la fundación, “aún el número de contratación es bajo, frente a la meta del Gobierno de 25.000 empleos en el sector privado y a lo menos 2.500 en el sector público, sin contar, por ejemplo, a instituciones como Fuerzas Armadas, sobre todo, por el actual momento del país”.
En ese sentido, puso énfasis en los efectos de la contingencia por el coronavirus en el mercado laboral.
“Esperamos que las personas en situación de discapacidad no sean las más afectadas en cuanto al desempleo dada la contingencia que estamos atravesando”, comentó.
Y como toda normativa requiere ser fiscalizada para medir su real impacto, una de las recomendaciones del informe es que la Contraloría General de la República vigile el cumplimiento de la ley en las instituciones públicas, reparó Poblete.
“Hasta aquí solamente las instituciones del sector público deben informar si han cumplido o no la normativa, sin recibir sanciones por incumplir y sin recibir sanciones por no informar el acatamiento de la ley. No reciben penas ni tampoco nadie los fiscalice si lo hacen o no lo hacen”, expuso el presidente de la fundación.
A juicio de Poblete, “se debería modificar el sistema de comunicación mediante oficios que realizan los servicios públicos implementando un sistema de informe único de llenado en línea, que permita tener información certera y eficaz respecto al cumplimiento de la normativa y las excusas presentadas, tal como lo ha hecho en ese sentido la Dirección del Trabajo con las comunicaciones que deben presentar al respecto los empleadores”.
Subir cuota a 2% y exenciones tributarias
La investigación sobre la Ley de inclusión Laboral también propone elevar el porcentaje de reserva, tanto para el sector público, como privado, y con enfoque de género porque la participación femenina aún está en deuda.
“Por parte del sector público, es necesario avanzar hacia una cuota del 2% con paridad de género gradual, puesto que las mujeres con discapacidad tienen una baja tasa de ocupación laboral aun cuando está en vigencia la presente ley”, sostuvo Poblete.
El documento -elaborado por el Área de Estudios y Publicaciones de la fundación- también aconseja apelar a la exención tributaria, para mejorar tanto el número de colocaciones, como las condiciones laborales en las que estas personas se desenvuelven.
“Consideramos que la exención tributaria es un buen mecanismo para motivar a las empresas a que implementen ajustes razonables que mejoren la calidad de los puestos de trabajo, en función de los apoyos que necesitan las personas con discapacidad, dado que hasta hoy el foco estaba puesto en la contratación y no en la calidad de los empleos para estas personas, las que podrían vivir una precarización laboral si es que no reciben la ayuda adecuada según sus características individuales asociadas a su condiciones de discapacidad”, sentenció.
Por último, agregó que faltan más políticas de capacitación generadas dentro del marco de buenas prácticas de las empresas, para que la inclusión de las personas con discapacidad no se aborde solo desde un punto de vista asistencialista, sino que más bien desde el énfasis de fortalecer las capacidades de estos trabajadores y reducir las diferencias existentes.
