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Miércoles 01 abril de 2020 | Publicado a las 09:48
Ley de Inclusi√≥n Laboral: A√ļn no se logra la meta gubernamental a dos a√Īos de su entrada en vigencia
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Este mi√©rcoles se cumplen dos a√Īos desde que entr√≥ en vigencia la Ley de Inclusi√≥n Laboral, que establece la contrataci√≥n de personas en situaci√≥n de discapacidad (PcD) en empresas y organizaciones del Estado.

La normativa, que vio la luz en el gobierno de Michelle Bachelet, establece que aquellas firmas p√ļblicas y privadas con m√°s de 100 trabajadores, deben reservar el 1% para empleados en situaci√≥n de discapacidad.

Así también, elimina la regla que establecía que las empresas pagaran a personas con capacidades diferentes un sueldo menor al mínimo.

Aunque, existe la opci√≥n para que las empresas cumplan con la legislaci√≥n a trav√©s de “medidas alternativas”, como por ejemplo realizando donaciones o por medio de la subcontrataci√≥n.

Cristóbal Escobar | Agencia UNO
Cristóbal Escobar | Agencia UNO

La ley de Inclusi√≥n Laboral ser√° evaluada al tercer a√Īo, es decir, en 2021, para medir el real impacto de la cuota en el empleo y la eventual mantenci√≥n o aumento del porcentaje. Luego, esta evaluaci√≥n se realizar√° cada cuatro a√Īos, en donde los Ministerios del Trabajo y de Desarrollo Social deber√°n emitir un informe al Congreso, se√Īalando posibles cambios que sea necesario aplicar a la ley.

Sin embargo, este segundo a√Īo de su puesta en marcha tambi√©n es importante, debido a que es el plazo adem√°s que tienen las empresas para contratar a personas que se registren con discapacidad o a las cuales se les asigne la pensi√≥n de invalidez.

La deuda de las empresas

Seg√ļn la Fundaci√≥n Ronda, organizaci√≥n sin fines de lucro que trabaja en este tema, si bien el el Gobierno estimaba en 2018 que se abrir√≠an 26 mil puestos laborales en el sector privado al implementar la Ley, este n√ļmero a√ļn no se concreta.

Seg√ļn los √ļltimos datos entregados por la Subsecretar√≠a del Trabajo, al 29 de febrero de este a√Īo, poco m√°s de 19 mil personas en situaci√≥n de discapacidad (19.303) han sido contratadas.

De esta cifra, el 64,58% corresponde a hombres y el 35,31% a mujeres. Esto √ļltimo, pese a que la √ļltima Encuesta Nacional de Discapacidad, Endisc II, se se√Īala que las mujeres con discapacidad en edad de trabajar representan al 24,9% de la poblaci√≥n total, mientras que los hombres representa al 14,8% del total, por lo que adem√°s se evidencia una brecha de g√©nero.

Mar√≠a Jos√© Escudero, directora Ejecutiva y cofundadora de Fundaci√≥n Ronda, explica que ‚Äúsi bien, los cambios han sido progresivos, nos preocupa de sobremanera las √ļltimas cifras entregadas por la Subsecretar√≠a del Trabajo, por que evidencia la gran brecha de participaci√≥n laboral y desigualdad de g√©nero que existe actualmente”.

ARCHIVO | Javier Salvo | Agencia UNO
ARCHIVO | Javier Salvo | Agencia UNO

“Necesitamos con urgencia evaluar y determinar c√≥mo incentivaremos la inserci√≥n de la mujer en situaci√≥n de discapacidad al mundo laboral en el marco de la Ley 21.015‚ÄĚ, enfatiza.

Es importante mencionar que, respecto a la ley, la normativa no otorga incentivos para crear ajustes razonables, por lo que en una primera fase esto ha significado un costo extra para quienes han querido hacer de forma √≠ntegra y correcta los procesos, se√Īala Escudero.

Una tarea pendiente

En ese sentido, la ejecutiva de Fundación Ronda valoró a las empresas que han decidido tomar el desafío y la oportunidad que ofrece esta Ley para ir más allá, no sólo contratando a PcD, sino que también han desarrollado proyectos y políticas de diversidad e inclusión.

Aunque, a√ļn hay un gran porcentaje de empresas que se han preocupado solamente de cumplir con lo exigido en la norma o tomado las medidas alternativas. Como tambi√©n, hay un grupo de organizaciones no menor, que simplemente no cumpli√≥ con la Ley, lament√≥ Escudero.

En Chile, a diferencia de otros países, la ley no contempla el cómo realizar procesos de inclusión laboral efectivos y perdurables en el tiempo.

Por lo mismo, desde Fundación Ronda apuntan a realizar procesos de intermediación laboral o modelo de empleo con apoyo, es decir, que exista la intervención de un especialista, como un Terapeuta Ocupacional, que pueda evaluar el puesto de trabajo, la Accesibilidad Universal del entorno, las competencias requeridas para el cargo y así asegurarse que el perfil sea el adecuado para el puesto ofrecido.

Desde la organización explican que es fundamental ampliar el foco de implementación e intervención de la ley a todo Chile, que se modifique la tipificación de multas para esta Ley y que la sociedad genere conciencia para que las personas en situación de discapacidad dejen de ser vistas como sujetos de caridad y lástima.

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