El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, respondió al anuncio del Ministerio de Justicia, que afirmó estar trabajando en una reforma constitucional si el conflicto entre el máximo tribunal del país y el TC no se resuelve mediante el diálogo entre las dos partes.

Al respecto, Brito afirmó que “yo creo que las cosas no están como para pensar todavía en una reforma en este momento”.

“Creo que hay una situación que se pudo seguir resolviendo, pero ya verá el Presidente qué planteamiento hace al Senado”, acotó el juez.

Acelerar la reforma

Más temprano en la jornada, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, hizo un nuevo llamado a bajar las tensiones, el secretario de Estado adelantó que “estamos trabajando en distintas medidas de carácter normativo para ayudar a resolver estos temas”, no descartando acelerar el proyecto de reforma constitucional.

“Eso incluye una reforma constitucional que vamos a presentar más adelante y también otros cambios en el ámbito legislativo, leyes que dicen relación con el ámbito orgánico constitucional y leyes simples que creemos van a ayudar a definir estos temas que, de no encontrarse una solución directa, puede a través de caminos legislativos hacerse su espacio”, explicó.

Todo esto, a fin de “generar muros infranqueables que impidan las tensiones y que dos organismos estén tratando las mismas materias, porque aquí ambos son el organismo -por así decirlo- máximo. El tope. Respecto de ellos, no hay recursos interiores, ni instancias posteriores que puedan revisar estas materias”.

Sin embargo, desde el Ministerio de Justicia clarificaron los dichos de Larraín, explicando que desde el Gobierno están advirtiendo que, si no se llega a acuerdo entre el TC y la Corte Suprema, acelerarán el proyecto de Reforma Constitucional.

El fallo divisorio

El conflicto se originó luego de que este lunes la Tercera Sala de la Corte Suprema rechazara un recurso de protección presentado por la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile (Asemuch) contra una resolución del TC que declaró inaplicables las normas de tutela laboral en empleados del Estado.

Sin embargo, el fallo la Suprema refutó un argumento de la Corte de Apelaciones que había rechazado anteriormente el recurso de la Asemuch, afirmando que el máximo tribunal del país sí tiene las facultades para revisar las sentencias del TC cuando se ven vulnerados derechos fundamentales.