Luego de conocer el informe de la Compañía de Jesús, que confirmó los abusos sexuales, de poder y conciencia cometidos por el fallecido sacerdote Renato Poblete, parlamentarios exigieron apurar el trámite del proyecto de ley, despachado por la Cámara al Senado, que establece la obligación a todas las autoridades religiosas para denunciar estos delitos.
El diputado de la Democracia Cristiana, Raúl Soto, autor de la iniciativa, señaló que se deben tomar medidas drásticas para terminar con la impunidad y pidió al Gobierno poner suma urgencia al proyecto que establece este deber de denuncia.
El senador socialista, Alfonso de Urresti, respaldó el proyecto que obliga a las autoridades eclesiásticas a denunciar abusos sexuales, porque en su opinión, de esta forma se evitarán los círculos de impunidad y corrupción que se han generado al interior de la Iglesia Católica.
Este proyecto, despachado en abril pasado por la Cámara de Diputados al Senado, hace extensiva la obligación de denunciar abusos sexuales, a las autoridades eclesiásticas de cualquier confesión religiosa, y, en general, los obispos, pastores, ministros de culto, diáconos, sacerdotes, religiosas u otras personas que detenten algún grado de autoridad sobre una congregación o grupo de personas, en razón de la práctica de alguna creencia.
