El equipo de fiscales que investigan el denominado caso Pacogate podría indagar la denuncia de la subcontralora, Dorothy Pérez, por la violación de los correos de ocho funcionarios de la Contraloría General de la República.
Así lo informaron fuentes consultadas por Radio Bío Bío, que precisaron que el contenido de los antecedentes se enmarca en la arista que investiga el fiscal, Eugenio Campos, con la desaparición de un sumario en la Contraloría que pudo detectar en 2010 el mega fraude en Carabineros.
Pérez, el pasado 13 de diciembre, puso en conocimiento del Ministerio Público hechos que podrían constituir prevaricación administrativa, que afectaría directamente al contralor Jorge Bermúdez, revelación de secreto agravado y apertura ilegal, registro y difusión de correspondencia.
Lo anterior a raíz del sumario por eventuales deficiencias en la fiscalización de Carabineros, ordenado por Bermúdez, donde se abrieron los correos de ocho funcionarios, entre ellos el de Pérez, la ex subcontralora Patricia Arriagada y Sonia Doren.
Uno de los miembros del equipo investigador, el fiscal Patricio Macaya, reconoció que los últimos antecedentes pueden ser indagados, pero fue cauto a la hora de entregar detalles.
“Se han seguido tomando declaraciones en todas las líneas de investigación que está llevando a cabo el Ministerio Público en relación con el fraude de Carabineros, desde el momento en que se han denunciado”, sostuvo.
El lunes recién pasado el Ministerio Público no informó sobre el destino de la denuncia de la subcontralora, que quedó en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.
No obstante a la posibilidad que la asuman los fiscales del caso Pacogate, lo más probable es que haya sido remitida a la Unidad de Delitos de Alta Complejidad a cargo de la fiscal Ximena Chong.
El 30 de octubre pasado, el jefe de informática de la Contraloría, Luis Lara, se negó a entregar las claves al auditor, dejando constancia que era irregular; sin embargo, por orden del contralor, tuvo que deponer su decisión.
El 26 de noviembre, cerca de las 15:00 horas, Pérez por escrito le hizo ver a Bermúdez que se había cometido una ilegalidad.
Dos horas más tarde, a eso de las 17:00 hrs, el contralor despidió al jefe de informática; al segundo a cargo de la unidad, César Guerrero, que se encontraba con licencia médica; y al jefe de ingenieros y sistemas, Ronald Pérez.
Según indicó Bermúdez a la revista Sábado, las desvinculaciones se debieron a problemas detectados en los sistemas, asegurando que no tuvo nada que ver con el episodio de los correos.
Según las fuentes consultadas por Radio Bío Bío, al momento del despido del jefe de informática, nadie en la Contraloría conocía un informe, ni a la empresa contratada para evaluar los ciberataques.
Desde el organismo fiscalizador se dijo que lo anterior es falso y se informó que hubo un preinforme de la auditoría informática, que concluyó que la División de Tecnologías de la Información (DTI) no cumplía con los estándares de seguridad que requería una institución como la Contraloría.
Se precisó que ante los resultados del preinforme de auditoría, los tres reconocieron su mal desempeño y renunciaron voluntariamente. Incluso se destacó que Lara está siendo uso de su feriado legal, y aún no se cumple su despido.
Sin embargo, las mismas fuentes indicaron que desde el 26 de noviembre Lara no posee claves, ni acceso a los sistemas de la Contraloría.
Esta nueva trama se da justo cuando el fiscal Eugenio Campos se apresta a formalizar la arista por la desaparición de un sumario en la Contraloría que pudo detectar en 2010 el mega fraude en Carabineros, donde se investiga presunto encubrimiento.
“Es una investigación que está abierta, que se cierra el 4 de marzo de 2019; y durante el desarrollo de la misma tenemos que ser prudentes, toda vez que en cualquier momento pueden sumarse más personas a esta lista”, señaló.
Campos cuenta con el respaldo del Consejo de Defensa del Estado, que la semana pasada, según el consejero Daniel Martorell, se querelló contra Héctor Zúñiga, funcionario de la Dirección de Presupuesto, y Juan Munieres, exfiscalizador de la Contraloría General de la República.
“Todas las aristas que va arrojando una investigación de esta naturaleza con más de ciento cincuenta tomos, tiene que estar siempre monitoreada y valorada por el Consejo”, aseguró.
Técnicamente el escrito que presentó la subcontralora ante la Fiscalía Metropolitana Centro Norte el pasado 13 de diciembre no es una denuncia, sólo se pone en conocimiento del Ministerio Público los presuntos delitos cometidos en este episodio de los correos.
