El proyecto del Gobierno para modificar el otorgamiento de libertades condicionales encontró fuerte resistencia en los congresistas de la oposición que integran la comisión mixta, quienes aseguran que la indicación -en los términos planteados por el Ejecutivo- podría terminar dejando “vacía” la cárcel de Punta Peuco.
Los parlamentarios opositores calificaron como “inaceptable” y una “burla” la indicación ingresada por el Gobierno, porque la propuesta no considera el arrepentimiento como un factor para otorgar el beneficio y bastaría con haber cumplido 2/3 de la pena y estar en una condición de salud deteriorada o ser de edad avanzada, para acceder a la libertad condicional.
El diputado socialista Leonardo Soto aseveró que casi la totalidad de los reos de Punta Peuco cometieron delitos en la década de 1980, y muchos de ellos teniendo penas bajas, además de enfermedades crónicas asociadas, quedarían en condiciones de acceder a la libertad condicional en los términos planteados por el Gobierno.
A su juicio, de aprobarse la iniciativa en un breve plazo quedaría vacío Punta Peuco.
De las propuestas del Ejecutivo también generó debate el no incorporar el requisito de “disociación de la pena” o el arrepentimiento del daño causado por parte del condenado. En este aspecto, el senador Felipe Harboe señaló que el Estatuto de Roma consagra la idea del arrepentimiento y la posibilidad de reinserción de los condenados como criterios para otorgar el beneficio de la libertad condicional.
El ministro de Justicia, Hernán Larraín, defendió que la propuesta del Gobierno solo considere criterios “objetivos” como el cumplimiento de 2/3 de la pena, colaboración efectiva o salud deteriorada o edad avanzada, porque según afirmó el Derecho Internacional no considera elementos “subjetivos”, que dicen relación con el fuero interno del individuo, para otorgar el beneficio de la libertad condicional.
El otro aspecto controversial de la propuesta del Gobierno tiene que ver con la irretroactividad del endurecimiento de las condiciones para obtener la libertad condicional, aspecto que a juicio del senador José Miguel Insulza constituye una “burla” cuando se plantea que esto aplicará para condenados por crímenes de lesa humanidad que se cometan en el futuro y no apliquen para los actuales condenados por violaciones a los Derechos Humanos.
Pese a las críticas, el ministro Larraín aseguró que el proyecto de ley sobre libertades condicionales está siendo utilizado para resolver el conflicto generado a partir del fallo de la Corte Suprema que otorgó la libertad condicional a siete reos de Punta Peuco y señaló que eso vulnera el espíritu de la normativa en cuestión.
