Los ejecutados desde el fin de la moratoria en Arabia Saudí han sido cuatro ciudadanos sirios, tres paquistaníes, tres jordanos y siete saudíes.
Naciones Unidas criticó este martes que durante las últimas dos semanas las autoridades de Arabia Saudita han llevado a cabo ejecuciones de forma “casi diaria”, después de una moratoria no oficial de cerca de 21 meses a la aplicación de la pena capital en el país.
Según reporta el Telegraph, la mayoría de estas ejecuciones son efectuadas por decapitación, y a punta de espada.
“Desde el 10 de noviembre, 17 hombres han sido ejecutados por lo que son descritos como delitos de drogas y contrabando, con tres ejecuciones el lunes”, sostuvo la portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Liz Throssell.
Así, recalcó que “el reinicio de las ejecuciones por delitos de drogas en Arabia Saudí es un paso muy lamentable, especialmente cuando llega días después de que una amplia mayoría de los estados en la Asamblea General de la ONU pidieran una moratoria mundial a la pena capital”.
“Dado que las ejecuciones sólo son confirmadas una vez que tienen lugar en Arabia Saudí, no tenemos ninguna información sobre cuánta gente está en el corredor de la muerte”, manifestó, si bien apuntó a informaciones que revelan que un jordano estaría “en riesgo de ejecución inminente”.
Throssell subrayó que el caso de este hombre, Husein abu al Jeir, fue abordado por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, que determinó que su arresto fue arbitrario “al carecer de base legal” y ante las “graves preocupaciones sobre su derecho a un juicio justo”.
“Pedimos al Gobierno saudí que detenga la inminente ejecución de Al Jeir y que cumpla con la opinión del grupo de trabajo y retire su condena a muerte, le libere de forma inmediata y sin condiciones y garantice que recibe atención médica, compensación y otras reparaciones”, sostuvo.
Por último, reiteró que “imponer la pena de muerte por delitos de drogas es incompatible con las normas y estándares internacionales” y reclamó a Riad que “adopte una moratoria formal sobre las ejecuciones por delitos de drogas, que conmute las penas de muerte por delitos de drogas y que garantice el derecho a un juicio justo a todos los acusados, incluidos los imputados por estos delitos, en línea con sus obligaciones internacionales”.
