VER RESUMEN

Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se presentaron en la sede central del PSOE en Madrid en el marco del caso Leire, investigando pagos a la exmilitante socialista Leire Díez y al exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías. El juez Santiago Pedraz indaga presuntas mordidas en contratos públicos, relacionando a Díez, Vicente Fernández de la Sepi y Antxon Alonso de Servinabar. Los tres detenidos en diciembre fueron liberados con medidas cautelares y se les acusa de malversación, tráfico de influencias y organización criminal, operando bajo el nombre "Hirurok", orientando expedientes en la Administración para obtener beneficios económicos.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil española acudieron este miércoles a la sede central del gobernante Partido Socialista (PSOE) en Madrid para requerir información relacionada con pagos a la exmilitante socialista Leire Díez, informaron a EFE fuentes próximas a la investigación.

Se trata del llamado “caso Leire” que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

Además de esta actuación, los agentes de la UCO se encuentran también en el despacho en Madrid del exvicepresidente de la Junta de Andalucía (Gobierno regional) Gaspar Zarrías.

No se descartan otras actuaciones de la UCO en relación a esta operación, según indicaron las fuentes.

Lee también...
 Pedro Sánchez admite gravedad de investigación a su partido por sobornos y garantiza colaboración Miércoles 27 Mayo, 2026 | 07:04

En este caso, el juez investiga presuntos sobornos en la adjudicación de contratos públicos a través de una trama en la que también estarían implicados el expresidente de la Sepi (organismo que reúne a las empresas con capital público) Vicente Fernández y el propietario de la empresa Servinabar Antxon Alonso, considerado socio del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

De hecho, este mismo miércoles, agentes de la UCO están registrando los domicilios de Cerdán y también el del empresario Javier Pérez Dolset.

Díez, Fernández y Alonso fueron detenidos en diciembre por malversación, tráfico de influencias y organización criminal, y posteriormente quedaron en libertad con medidas cautelares: comparecencias quincenales, retirada del pasaporte y prohibición de salir de España.

Según la investigación, conformaron un grupo autodenominado Hirurok (‘nosotros tres’, en vasco) que se habría dedicado a orientar “diversos expedientes seguidos en la Administración pública en beneficio propio o de terceros”, para lo que se aprovechaban de su posición y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública para obtener “el máximo beneficio económico a través del cobro de comisiones”.

La exmilitante socialista está siendo también investigada en un juzgado de Madrid por presuntas maniobras para perjudicar a fiscales o al responsable de la UCO, Antonio Balas, con el objeto de entorpecer investigaciones judiciales.