Con el rechazo de sus aliados habituales, el presidente del gobierno de izquierda español, Pedro Sánchez, consiguió este jueves la aprobación in extremis de su reforma laboral, exigida por Bruselas, gracias al voto a favor por error de Alberto Casero, un diputado de derecha.
El gobierno obtuvo una mínima mayoría de 175 síes contra 174 noes para su texto, destinado a reducir la inseguridad en el mercado de trabajo español, número uno en Europa en contratos temporales.
Entrada en vigor el 1 de enero luego de que se acordara en diciembre tras un intenso diálogo entre el gobierno, la patronal y los sindicatos, la reforma necesitaba recibir luz verde de la Cámara Baja, de 350 escaños, so pena de volverse letra muerta.
La reforma laboral, que cuenta con el visto bueno de trabajadores, sindicatos y empresarios, pone freno a la gran precariedad que existe en el mercado laboral español, al conseguir que al menos un 15% de los contratos de trabajo tengan carácter indefinido.
Además de limitar la contratación temporal y la rotación de empleos, la reforma contempla un nuevo contrato fijo para la construcción, uno de los sectores más pujantes de la economía española, y moderniza la negociación colectiva.
La reforma laboral cuenta con la oposición de los socios del gobierno socialista, como los partidos independentistas vascos y catalanes, que consideran insuficiente esta reforma de las leyes laborales establecidas por la derecha española en 2012 y que facilitaba el despido y la temporalidad de los contratos, además de reforzar la capacidad de negociación de los empresarios en los convenios laborales.
España se había comprometido con la Comisión Europea a sacar adelante la reforma del mercado laboral para poder recibir una ayuda de 12 mil millones de euros que forman parte de los fondos europeos de recuperación.
Polémica por el voto decisivo
La suerte de la reforma estuvo en el aire hasta el final: Los socialistas, que gobiernan en coalición con la izquierda radical de Podemos, no lograron obtener el respaldo de varios de sus aliados tradicionales.
Los nacionalistas y los independentistas vascos del PNV y de EH Bildu, así como los separatistas catalanes de ERC, votaron en contra, junto al PP y la extrema derecha de Vox.
A favor votaron los liberales de Ciudadanos (centroderecha) y pequeñas formaciones regionales como el PDeCAT (independentistas catalanes), usualmente en la oposición.
Dos diputados de un pequeño partido, UPN, cambiaron a la hora de votar al no, por lo que sin el error de Alberto Casero, el diputado del PP, la reforma hubiera fracasado.
Según el opositor Partido Popular (PP, conservadores), fue uno de sus diputados que dio el voto decisivo a favor, pero según la formación se debió a un “error informático” ya que el político quería pronunciarse en contra. La formación exigió “que se rectifique” dicho voto, en boca de su portavoz, Cuca Gamarra.
