La Justicia española rechazó este martes enviar a prisión provisional o retirar el pasaporte al líder del Frente Polisario, Brahim Gali, ingresado en un hospital español enfermo de covid-19, en contra de lo que habían pedido las acusaciones que se querellaron contra él por presuntos delitos de lesa humanidad, genocidio y torturas.
La estancia desde hace unas semanas en un centro sanitario de la ciudad española de Logroño (norte) de Gali provocó una crisis diplomática entre España y Marruecos, que tuvo como primer resultado la llegada a territorio español, a través de la ciudad norteafricana de Ceuta, de más de 8.000 inmigrantes irregulares con la connivencia de las fuerzas de seguridad marroquíes en poco más de 24 horas, la mayoría ya devueltos a territorio marroquí.
Gali declaró hoy por videoconferencia ante el juez de la Audiencia Nacional española Santiago Pedraz desde el hospital donde permanece ingresado y, además de negar todas las acusaciones en su contra, las atribuyó a un motivo “político” para tratar “una vez mas de minar la credibilidad del pueblo saharaui y su lucha en el camino a la autodeterminación”.
Como ya había hecho en una ocasión anterior, Pedraz volvió a considerar que no hay motivos que justifiquen medidas tan gravosas como las solicitadas por las acusaciones, que pedían su ingreso en prisión o la retirada del pasaporte ante el riesgo de fuga.
Cruce de acusaciones y un vuelo a España
La declaración de Gali, rodeada de una gran expectación mediática, se produjo sin que se hayan producido grande avances para terminar con la crisis entre España y Marruecos y tras un cruce de acusaciones ente ambos países por romper la confianza y el respeto mutuo.
También coincidió con la publicación en el diario español “El Confidencial” de que un avión fletado por el Gobierno argelino salió hoy rumbo a Logroño para recoger a Gali, pero se dio la vuelta cuando sobrevolaba la isla española de Ibiza.
El Ejecutivo español dijo no tener constancia de ello, si bien asumió que el líder del Frente Polisario volverá al lugar de donde vino cuando se recupere de la covid-19.
Sin embargo, según pudo constatar EFE, un avión oficial argelino intentó este martes aterrizar en España sin los permisos requeridos, por lo que tuvo que dar la vuelta y regresar a su origen.
Según la información de las trazas del radar de ese avión, comprobada por Efe en varias webs de navegación aérea, un aparato modelo Gulfstream G-IV despegó sobre las 09:30 hora local (7:30 horas en Chile) de un aeródromo militar argelino al sur de Argel, pero al alcanzar las costas de la isla de Ibiza dio media vuelta y regresó a su origen.
Fuentes de Enaire, gestor de navegación aérea española, explicaron a Efe que se trataba de un “un jet de Estado”, un avión diplomático.
Según estas fuentes, los controladores del archipiélago mediterráneo español de Baleares recibieron instrucciones de controladores militares para pedir a un avión que venía de Argelia que se retirara del espacio aéreo español porque no tenía permiso para sobrevolarlo, tras lo que el avión se dio media vuelta.
Fuentes militares consultadas por Efe añadieron que se ordenó al avión abandonar el espacio aéreo español siguiendo las instrucciones del Ministerio de Asuntos Exteriores, ya que carecía de la preceptiva autorización de este departamento que, como avión de Estado, tenía que tener para entrar en España.
La ruta que seguía el avión hasta que dio la vuelta sugería un aterrizaje en el aeropuerto de Agoncillo-Logroño.
Medidas cautelares rechazadas
Tras la comparecencia de Gali, las acusaciones, ejercidas por un activista, la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (Asadeh) y presuntas víctimas, pidieron una serie de medidas cautelares como prisión provisional, retirada del pasaporte, prohibición de salida del país o la colocación de una pulsera telemática.
La Fiscalía, en cambio, solicitó que el líder del Frente Polisario esté localizable y fue éste el criterio que siguió el juez, que acordó que aporte un domicilio y un teléfono para estar a disposición de la Justicia.
Pedraz no vio “riesgo de fuga alguno” porque “no consta” ningún dato “para apreciar” que Gali “pueda o quiera” huir de la Justicia, sobre todo cuando accedió a declarar al conocer las querellas “incluso a la vista del estado de salud en el que se encuentra”, por el que podría haber pedido posponer su declaración.
Algunos de los hechos que le atribuyen las acusaciones se remontan a los años 70 y 80 del siglo pasado, cuando él era ministro de Defensa de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).
España confía en alta diplomacia
A pesar de lo acontecido en las últimas semanas, la ministra portavoz del Gobierno de España, María Jesús Montero, dijo hoy en rueda de prensa que el Ejecutivo español confía en que baje la tensión con Marruecos y en que la “alta diplomacia juegue el papel que debe jugar” para que se restablezcan la “normalidad” y las buenas relaciones.
“España quiere y desea una buena relación con Marruecos, no solo por la vecindad sino por relaciones comerciales”, aseguró Montero.
Por eso hizo un “llamamiento a que la alta diplomacia juegue el papel que debe jugar en este conflicto y que sea definitiva la normalización de relaciones con Marruecos”.
