Un caos enorme se ha generado al interior del Parlamento de Filipinas, donde se han registrado disparos durante este miércoles. ¿El motivo? en el lugar se atrincheró un senador llamado Ronald dela Rosa, mientras la policía desarrolla un operativo para arrestarlo.
El hombre está acusado de crímenes de lesa humanidad, al ser jefe de la policía en el gobierno de Rodrigo Duterte, y encabezar la llamada “guerra contra las drogas”.
Caos por disparos en Senado de Filipinas
De acuerdo al diario español El Mundo, las autoridades intentar capturar al hombre desde el pasado lunes, pero este logró burlar la seguridad del edificio legislativo hasta encerrarse en una oficina, amparado por el presidente del Senado, Alan Peter Cayetano, aliado de Duterte.
“No permitamos que otro filipino sea llevado a La Haya”, indicó el hombre ante medios de comunicación, durante el pasado martes.
Según el citado medio, Dela Rosa fue el jefe policial en el periodo entre 2016 y 2018, considerado el más sangriento por los operativos en zonas urbanas en aquel país.
Por lo mismo, el aludido es requerido por el gobierno de Ferdinand Marcos Jr, quien instruyó su captura a la policía y fuerzas militares.
El senador, que fue grabado entrando en un ascensor después de que se ordenara desalojar el segundo piso del edificio, había hecho horas antes un llamamiento a la población civil para que se “reuniera frente” a la cámara con el objetivo de impedir el plan de arresto.
La prensa del archipiélago también informó sobre un fuerte cordón policial que, a las puertas de la cámara, controlaba a los seguidores de Duterte.
Por la mañana, Dela Rosa descartó entregarse, alegando que aún disponía de recursos legales: “Puedo quedarme aquí mientras siga siendo senador”, afirmó después de su segunda noche en el Senado, donde las detenciones requieren autorizaciones específicas.
El lunes, la CPI hizo pública una orden de arresto -inicialmente clasificada como secreta- contra Dela Rosa, considerado presunto “coautor indirecto” de los crímenes cometidos durante la guerra contra las drogas de Duterte, donde, según las autoridades filipinas, fueron asesinadas extrajudicialmente de unas 6.000 personas, una cifra que ONG elevan hasta 30.000.